GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro vetó la Ley de Amnistía para Mujeres Víctimas de Violencia debido a que se delegan facultades que no tienen los jueces, y a imprecisiones que dejarían en incertidumbre jurídica a las inculpadas, con lo que se pondría en riesgo su acceso al perdón. Con la ley que fue aprobada por unanimidad por los diputados locales, se buscaba que las mujeres que están en prisión por homicidio o lesiones a su pareja, debido a que padecieron de forma sistemática violencia física, sexual, patrimonial o psicológica, pudieran salir libres. Entre las condiciones para obtener dicho beneficio están: cubrir el daño y que la condenada no contara con antecedentes penales por delitos dolosos, o tener procesos pendientes con la justicia estatal o federal. El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, y autor de la iniciativa, Salvador Caro se mostró sorprendido por la decisión del gobernador, y consideró que se retrasará la posibilidad de que dejen la prisión siete mujeres que reunían las condiciones para solicitar el perdón. “Llegó un documento, haciendo observaciones a la decisión unánime del Congreso del estado, en torno a dar amnistía a aproximadamente a siete mujeres que están en este momento en la cárcel por haberse defendido de su pareja. Nuestra sensación es de sorpresa, porque ahorita lo que nos interesa es agilizar las etapas para que estas señoras, víctimas de violencia, puedan salir de la cárcel”, dijo Salvador Caro. Además, cuestionó que el documento con las cinco observaciones no contiene una propuesta concreta de modificación a la ley aprobada. "De manera muy extraña este comunicado del Ejecutivo no presenta una propuesta de modificación en concreto, vamos a emitir la evidencia de que mantuvimos comunicación en todas las etapas con el consejero jurídico", refirió el legislador. Aunque en la propuesta de ley intervinieron varios juristas, la Secretaria de Igualdad Sustantiva cuestionó que se contemplara la reparación del daño como garantía para que las mujeres recuperaran su libertad, debido a que muchas no cuentan con los recursos. El ejecutivo señaló que las observaciones hechas el pasado 1 de noviembre “tienen el único propósito de que el Estado tenga una ley que garantice la protección a mujeres que fueron víctimas de violencia y no fueron juzgadas con perspectiva de género”. También, mencionó que la amnistía está sujeta a diversas “condicionantes que tergiversan la naturaleza de esta figura jurídica”, y espera que los poderes Legislativo y Ejecutivo “encuentren puntos en común para contar con la mejor ley”.