TOLUCA, Edomex (apro).- Comuneros de San Juan Coapanoaya, del municipio de Ocoyoacac, denunciaron que elementos de las policías federal y estatal, junto con agentes del Ministerio Público (MP), notarios y trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tomaron desde esta mañana su territorio, con el fin de concretar las obras del tren interurbano México-Toluca. Ello, pese a la existencia de cuatro amparos que ordenan la suspensión definitiva en la zona. Manuel Hernández, presidente de Bienes Comunales, informó que varias patrullas con elementos federales se instalaron a lo largo de la obra, medio kilómetro antes de Coapanoaya y sobre el trazo suspendido. Las unidades ahí apostadas, detalló, son más de cien, entre patrullas, camionetas, autobuses y maquinaria con la leyenda Geo Car, custodiada por elementos policiacos, personal operativo de la SCT (trabajadores, ingenieros y algunos directivos) y “al parecer también agentes del MP y notarios, como si quisieran fabricarnos delitos”. Este operativo y los trabajos, señaló, violan cuatro amparos promovidos por los afectados, en los que se ordena la suspensión definitiva de la obra. De esos amparos, subrayó, el 387/2007 es el más antiguo, y concedió la suspensión desde hace ocho años, incluso antes de que iniciara la construcción en la zona. En conjunto, tales amparos suspenden las obras a lo largo de casi seis kilómetros.

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La eterna construcción del tren México-Toluca y… los mismos atropellos con Peña y la 4T Aclaró que los comuneros no están en contra de la obra, sino de las afectaciones a sus acuíferos y la contaminación de sus parajes, pues se utilizaron terrenos no considerados en el trazo original con obras de interconexión de Teléfonos de México (Telmex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y SCT. “Colocaron una columna dentro del cauce natural de un río que pasa por las comunidades, ese río abastecía de agua a las colonias de varias comunidades para lavar su ropa, bañarse y lavar sus trastos; el flujo bajó y luego metieron el río en un canal y lo desviaron. Además, contaminaron los parajes con material residuo, talaron árboles, desvanecieron cerros y pusieron planchas de cemento, todo fuera del derecho de vía”, puntualizó Hernández. Por estas razones, indicó, la comunidad está pidiendo el resarcimiento de daños ambientales en 115 hectáreas; el pago de afectaciones con la construcción de obras sociales, como la restauración de la primaria y el jardín de niños; la reparación de calles; introducción de agua potable; rehabilitación de la casa de cultura; alumbrado público, y la construcción de escuelas y un museo, pues “hay muchas cosas que le hacen falta al municipio y a la comunidad”. También se pidió la indemnización por las tierras que no estaban en el trazo y de todas formas se utilizaron. Se estima que suman 36 mil 600 metros cuadrados, abundó. Mencionó que los 167 comuneros afectados y más de 2 mil personas que integran la comunidad “demandamos el retiro de la fuerza pública, respeto a las suspensiones, cambio de interlocutores y la reinstalación de la mesa de diálogo, pues a mediados de noviembre la SCT nos citó en una oficina de Naucalpan y nos dijeron que no podían atender nuestras peticiones sociales, ni de resarcimiento de daños. Se levantaron de la mesa, se fueron y nos dejaron allí”. Los afectados tampoco quieren tratar con Ricardo Peralta Sauceda, subsecretario de la Secretaría de Gobernación Federal (Segob), a quien identifican como el principal operador; Manuel Gómez Parra, director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal; la alcaldesa morenista de Ocoyoacac, Anallely Olivares, ni con funcionarios como Sonia Salazar y Jorge Sánchez Arellano, por considerar que no han sido sensibles con su situación. En el mismo caso se encuentra el responsable jurídico de Desarrollo Ferroviario Multimodal de la SCT, Miguel Ferrusquilla Calzada, quien –aseguró el presidente de Bienes Comunales-- “se ha portado de forma prepotente, grosera”, y con insolencia les ha dicho que con todo y los amparos ellos pueden trabajar porque nada se los impide. “No somos gente violenta. Respetamos la ley, pero la autoridad no la respeta. Estamos abiertos al diálogo, pero parece que su interés es terminar la obra violentando el derecho”, soltó. Este medio día, una comisión de comuneros se reunió con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, quien sólo se comprometió a investigar los hechos. Mientras tanto, otro grupo de campesinos se mantiene pendiente de los trabajos, con el objetivo de verificar que no se violenten los amparos.

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