MEXICALI, BC (apro).– Ante el escándalo de corrupción denunciado contra el gobierno del estado y el Poder Legislativo, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) acorraló a la Secretaría de Honestidad y Función Pública para que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Santiago Nieto. Derivado de los presuntos actos de corrupción del nuevo gobierno morenista, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, el órgano ciudadano y de participación gubernamental exhortará al Ejecutivo local para que incluya en la investigación por presuntos “moches” a su hombre fuerte del gabinete, el secretario general de gobierno, el expriista, expetista y hoy morenista, Amador Rodríguez Lozano, así como los movimientos bancarios de los mencionados por cohecho. El SEA, que encabeza el empresario Francisco Florentini Cañedo, también someterá a votación un exhorto para que se indaguen “actividades y operaciones” realizadas por los funcionarios presuntamente involucrados; los autos que adquirieron de contado, días antes de formar parte del gabinete, y el financiamiento de los programas sociales estrellas de Bonilla denominados: “voluntariado con Bonilla” y “voluntariado gente como tú”. El SEA firmó el pasado 4 de octubre un convenio con la UIF, que lidera Santiago Nieto, para intercambiar información ante actos de corrupción con recursos de procedencia ilícita contra el servicio público. En Baja California, la Unidad de Inteligencia Financiera no depende de Hacienda, sino de la Fiscalía General del Estado, lo que le impide hacer uso de los candados que abren el secreto financiero, pero, además, ambas instancias no estarían en posibilidades de realizar investigaciones de corrupción dado que para ello se creó la Fiscalía Anticorrupción, que, dicho sea de paso, no tiene titular. El Sistema Estatal Anticorrupción, al poner a disposición de la Secretaría de Honestidad y Función Pública el convenio que firmó con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la obliga a que se abra el secreto bancario, se realice una investigación a fondo sobre los movimientos financieros y de adquisiciones de los presuntos involucrados. Pero no sólo eso, sino que al involucrar a la UIF-SHCP, el SEA podría contar con todos los elementos para sustentar un posible delito de corrupción, el cual es considerado grave y amerita cárcel. Hecho que en Baja California no está tipificado de dicha manera. En el resolutivo de mañana, el Sistema Estatal Anticorrupción también exhortará al gobernador, Jaime Bonilla, a que retire la notaria que la pasada administración panista entregó días antes de concluir a Luis Alfonso Leyva Castro. Este último, hijo de Xicoténcatl Leyva Mortera, exgobernador depuesto por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y quien fungió como parte del equipo de campaña de Jaime Bonilla. La solicitud de “revocación de patente” de la notaria número 28 para el hijo del exgobernador priista es porque fue otorgada bajo las mismas condiciones que alegó Bonilla Valdez, quien acusó “corrupción” en por lo menos otras cinco. “… resultan ser razones y condiciones que subsisten en el caso del otorgamiento de la patente de notario público titular del Lic. Luis Leyva Castro, de tal manera que ante identidad de hechos y razonamientos jurídicos en el otorgamiento y revocación (de otras cinco notarías), es que se considera que se deben aplicar los mismos razonamientos y consecuencias que dan lugar a la revocación”, se lee en el borrador de los exhortos que este miércoles se discutirán y votarán.  

Denuncia “moches”

El 25 de noviembre pasado, el expriista Rosendo Colorado García denunció a su jefa, la secretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissele García Soberanes, de haber solicitado “moches” a empresarios durante el tiempo de transición de la gubernatura a cambio de futuros contratos con el gobierno. La denuncia del expriista, pública y ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, desató una serie de acusaciones y destituciones en el novel gabinete, como por ejemplo la propia titular de Bienestar y el oficial mayor, Jesús Damián Núñez Camacho. Los señalamientos también alcanzaron al secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por lo que el Sistema Estatal Anticorrupción exhortará a la titular de la Función Pública del estado, Vicenta Espinoza Martínez, a que revise también sus movimientos financieros y operaciones.  

Corrupción en el Congreso

La pronta descomposición de que se acusa al estado de Baja California, a sólo 47 días de haber entrado un gobierno nuevo, el del morenista Jaime Bonilla, no sólo involucra a integrantes de su gabinete, también planea sobre el Congreso local. Apenas el pasado 7 de diciembre, el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, acusó al expanista y actual diputado local, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, de haber solicitado un millón de pesos a funcionarios de la Secretaría General a cambio del aprobar la reestructura de la deuda por 12 mil millones de pesos que pidió Bonilla Valdez. Ante este hecho, el Sistema Estatal Anticorrupción exhortará al secretario del gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a que presente la denuncia correspondiente contra el diputado, quien fuera cercano colaborador del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid. En su argumentación, el SEA señala que “los actos señalados revisten tal gravedad, no sólo por su naturaleza reprochable, sino, además, por tratarse de un presunto agente activo perteneciente a un poder adverso (el Poder Legislativo”. El SEA está compuesto por 11 ciudadanos y 11 representantes del gobierno; el presidente tiene el voto de calidad.