HERMOSILLO, Son. (apro).– El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sonora aprobó el paquete económico 2020, con el que se consolidó un nuevo endeudamiento de mil 300 millones de pesos para la entidad. La votación transcurrió en tan sólo 25 segundos mediante un engaño al que se prestó la diputada local petista, Magdalena Uribe, quien sometió a decisión del pleno la dispensa de la primera y segunda lectura de la Ley de Ingresos 2020; acto seguido, puso a consideración la aprobación de este dictamen, sin que los diputados se percataran del garlito. La Ley de Ingresos 2020 fue aprobada por unanimidad a través de este engaño y, cuando los integrantes de la bancada morenistas quisieron reponerse de la estratagema presupuestal en su contra, ya estaba en discusión el siguiente punto en la orden del día. Es decir, en un amañado acto protocolario, la presidenta de la Mesa Directiva aceleró y empalmó votaciones, además que nunca se leyó el séptimo punto de la orden del día para concluir con la orquestada confusión. Los morenistas se percataron de la estrategia hasta 10 minutos después de que había sido conflagrada, cuando la legisladora de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, se los aclaró al micrófono. “Me enredé… se los quiero preguntar: Estamos aprobando el decreto del Presupuesto de Egresos ¿verdad? Porque ya se aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos ¿es correcto?”, inquirió. Después aclaró a sus pares: “Nomás para decirles, compañeros (morenistas), que la Ley de Ingresos quedó aprobada en el punto anterior”. La presidenta sólo atajó: “Sí, ya quedó”. En estos diez minutos de confusión, los morenistas lanzaron su posicionamiento como bancada y solicitaron la “votación nominal” de la supuesta Ley de Ingresos, hasta que la legisladora de Movimiento Ciudadano los sacó de su error. De esta manera, el descuido de los legisladores de Morena costó a Sonora un nuevo endeudamiento de mil 300 millones de pesos que la gobernadora priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano solicitará a la banca. También representó un aumento de 70.1 millones de pesos al presupuesto del propio Congreso de Sonora. Además, el Instituto Estatal Electoral (IEE) se llevó una tajada 30.2 millones extras para el próximo año. La Secretaría de Gobierno tuvo, a su vez, un repunte presupuestal de 59.5 millones, una dependencia que está cargo de Miguel Pompa, quien es primo político de la gobernadora y aspirante a la gubernatura sonorense en la contienda electoral de 2021. El presupuesto 2020 para Sonora quedó establecido en 70 mil 261 millones, lo que representa un aumento de mil 854 millones con respecto al de este 2019, que fue de 68 mil 406 millones.

Otros engaños

El pasado 25 de abril, la bancada de Morena tomó la tribuna del Congreso local y exigió la clausura de la sesión, porque cuando arribaron al pleno, los legisladores de oposición ya habían definido la Mesa Directiva que estuvo en funciones cuatro meses. Los morenistas llegaron 14 minutos tarde y para entonces el resto de los diputados ya había modificado el orden del día. Tras el pase de lista, y luego de declararse la existencia del quórum legal para iniciar la sesión, el diputado Jesús Alonso Montes Piña, del Partido Encuentro Social (PES), asestó una “traición” a sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia. Montes Piña aprovechó la ausencia de los legisladores de Morena para solicitar a la presidenta del Congreso, María Dolores del Río Sánchez, que pasara la discusión y aprobación de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la undécima posición al primer punto en la orden del día. Del Río Sánchez accedió a la solicitud y la puso a discusión del pleno, que la aprobó por unanimidad. También votaron a favor los diputados morenistas Miguel Ángel Chaira Ortiz y Luis Armando Colosio Muñoz, quienes en ningún momento se inconformaron contra la estrategia de los opositores.

Más detalles

Los legisladores de Morena también evitaron el juicio político contra el exalcalde priista de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, cuando sus diputados se retiraron de la sesión del 28 de marzo. En dicha sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se presentaría el dictamen que definiría el futuro de Acosta Gutiérrez. De esa sesión de jueves por la tarde se ausentaron los legisladores morenistas Norberto Ortega, Héctor Castelo y Gricelda Soto. Tampoco cumplieron con su obligación de asistir a la reunión los priistas: Jorge Villaescusa y Nitzia Gradias. Por dichas ausencias no se contó con el quórum de la Comisión, por lo que se neutralizó la solicitud de juicio político.