COLIMA, Col. (apro).– El presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Colima, Bernardo Salazar Santana, ofreció pagar 40 de los 45 días de aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial del Estado, para poner fin a un plantón frente a sus instalaciones. En una reunión con miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), encabezados por Martín Flores Castañeda, el magistrado dijo que ese pago se podrá realizar gracias a un apoyo adicional de 9 millones de pesos otorgado este lunes por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo. Frente a sus compañeros, Martín Flores –quien ha sido diputado local del PRI en dos ocasiones– cuestionó el manejo de los recursos del Poder Judicial, y advirtió que el sindicato interpondrá una demanda para exigir el pago de los cinco días restantes de aguinaldo y el 1 por ciento de aumento salarial que se encuentra pendiente. Consideró ilógico que, a pesar del incremento presupuestal que recibe cada año, el STJ no cuente con el dinero suficiente para cubrir sus compromisos de fin de año. Dijo esperar que el presidente del Tribunal aclare esta situación “para que esta probidad y honradez que debe prevalecer en el Poder Judicial sea clara, pues no es posible que con 25 millones adicionales no pueda hacer frente al compromiso salarial”. “La autonomía e independencia no le permite gastar más de lo que tiene presupuestado y, sobre todo, ser tan excesivo en el gasto y no mantener una austeridad republicana”. A juicio de Flores Castañeda, el gasto de recursos del Poder Judicial es una ofensa para los colimenses y para los trabajadores que tienen que sacrificar cinco días de aguinaldo por el “mal manejo financiero” en el Tribunal. En respuesta, el presidente del STJ aseguró que el manejo de los recursos ha sido revisado y está documentado ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), así como otras instancias fiscalizadoras. Argumentó que cuando se solicita el presupuesto ante el Congreso del Estado se informa cuál es la cantidad que se necesitará para pagar nómina total cada año y no tener que pedir ampliaciones a fin de año, pero “nos dan menos y por eso año con año se tiene que pedir una ampliación. Explicó que para 2019 se pidieron 242 millones para pagar nómina, lo que está documentado, pero lo aprobado desde 2016 ha resultado insuficiente porque no se ha previsto la totalidad de lo que se destina para el sistema de justicia penal. Salazar Santana se mostró dispuesto a que se audite el manejo de los recursos, pues “no hay nada turbio en esa situación”.