GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación al gobierno, al Congreso local y a los alcaldes por el caso Vanesa, la mujer apuñalada por su esposo hace ocho meses afuera de la Casa Jalisco, a pesar de contar con tres medidas de protección. La CEDHJ informó que acudió al Centro de Justicia para las Mujeres, y encontró que Vanesa acudió por vez primera a denunciar violencia intrafamiliar el 21 de septiembre de 2017, posteriormente lo hizo 16 veces más, la última el 13 de abril de 2019; doce días después, fue acuchillada. La CEDHJ señaló que halló deficiencias de la autoridad ministerial al pedir de forma reiterada a la víctima que llevara testigos en cada denuncia presentada, le delegaron la responsabilidad de entregar oficios a instituciones públicas, "a pesar de conocer el riesgo" y del aislamiento en que Vanesa se encontraba. El organismo pidió al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra una reparación integral del daño a favor del hijo de la fallecida y de su madre. Para esta última, también se solicita ayuda para que adquiera una vivienda propia, y un empleo, mientras que al menor se le dé servicio de guardería, e ingrese al programa de apoyo económico para hijos e hijas víctima de feminicidio o parricidio. A la vez, se le conmina a construir un memorial para las víctimas del feminicidio, y que gestione que en todas las regiones de Jalisco se cuente con casas de protección y resguardo para mujeres víctimas de violencia. Al fiscal del estado, Gerardo Solís Gómez destaca que se le requirió integrar y resolver procedimientos administrativos en contra de agentes del Ministerio Público y de policías investigadores involucrados en el caso. Además, de dar seguimiento a las órdenes de protección, actualizar el Expediente Único de Víctimas de violencia contras las mujeres, y dar capacitación a su personal. A los presidentes municipales de Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, se les pide que implementar una estrategia para resguardar a mujeres con órdenes y medidas de protección a través de la herramienta "Pulso de Vida". Y al resto de los alcaldes de los 125 municipios, que mejoren las medidas de protección, y recopilar datos para dimensionar el problema de violencia contras las mujeres. Al Congreso local, que revise la legislación correspondiente para realizar las reformas necesarias para homologar la definición de las órdenes y medidas de protección, "así como los mecanismos idóneos para proteger (...) a la víctima cuando salga de su domicilio (...) y puedan ampliarse, en su caso, a familiares y probables o potenciales víctimas indirectas".