CAMPECHE, Camp. (apro).– Como conclusión de un litigio minado por intereses políticos, abuso de poder y corruptelas judiciales que costaron el cese a dos magistrados federales, el corporativo Multimedios de Campeche fue condenado a pagar 6 millones de pesos a la exdirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Sonia Cuevas Kantún, como indemnización por daño moral. Utilizada como carne de cañón en la guerra sucia entre dos corporativos mediáticos en 2014, Cuevas Kantún, que entonces dirigía la CNC en la entidad, fue acusada por los diarios Expreso y La Opinión, ambos editados por Multimedios de Campeche, de complicidad en un presunto homicidio que hasta hoy ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ha probado siquiera que se hubiera perpetrado. En respuesta, Cuevas Kantún, a quien se le identificaba como pieza política de Núcleo Comunicación del Sureste, dueño de los diarios Tribuna y Crónica de Campeche, competencia de Expreso y La Opinión, este último ya extinto, demandó por daño moral a Multimedios de Campeche y a su propietario Alejandro Castillo Illescas, así como a los editores Efraín Durán Reyes y Gabriela Aguilar Nah. El 12 de mayo de 2016, el juez Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco dictó sentencia condenatoria en contra de los demandados, quienes de manera mancomunada debían pagar a la afectada 6 millones de pesos como indemnización por el daño moral que le causaron las publicaciones. En junio de ese año, en las páginas de sus periódicos, Multimedios de Campeche acusó al juez Lanz Gutiérrez de servir a intereses ajenos a la justicia, porque la sentencia sentaba “un precedente peligroso para el estado”. Ambos medios, que aún pertenecían a Castillo Illescas, yerno del exsecretario de Obras Públicas, Jorge Luis González Curi, iniciaron una campaña primero con mensajes cifrados para denunciar que “altos funcionarios” intentaban acallarlos. Luego revelaron que Lanz Gutiérrez condenó concretamente a La Opinión a pagar una indemnización de 6 millones de pesos a Cuevas Kantún por daño moral. El medio acusó al juez, quien meses después fue ascendido a magistrado, de haber desechado sus pruebas y consideró sospechoso que sólo procediera en contra de La Opinión, por lo que calificó la sentencia como “injusta, excesiva y contraria a derecho”. “¿Qué intereses estará protegiendo el juez Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco”, cuestionó el diario, y dejó a consideración de sus “miles de lectores juzgar la actuación de un juez cuyos argumentos legales para justificar el fallo en contra de los directivos, editores y coeditores representa un precedente peligroso para todos los medios de comunicación” en el estado? Los demandados promovieron una demanda de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el estado, a la que se le asignó el número 1276/2016. El 9 de agosto de 2018, dicha instancia concedió el amparo y protección de la justicia federal a los demandados a efecto de que la Sala Civil dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra en la que analizara “en forma congruente” los agravios. Para ello, se solicitó la aplicación de la jurisprudencia 38/2013 de rubro “Libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva”. En cumplimiento a la resolución del juicio de amparo 1276/2916, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por resolución del 27 de agosto de 2018, emitió una nueva sentencia en la que condenó a Multimedios de Campeche a pagar a Cuevas Kantún una indemnización de 6 millones de pesos. Absolvió en lo personal a Castillo Illescas, Durán Reyes y Aguilar Nah. También condenó a la empresa a pagar los gastos y costas que ocasionó el juicio a la afectada. Por considerar que el juicio de amparo se resolvió “en forma parcial, con falta de honestidad y responsabilidad”, Cuevas Kantún interpuso el 6 de septiembre de 2018 un recurso de responsabilidad en contra de los magistrados federales que integraban el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el estado: David Alberto Barredo Villanueva, presidente; Jesús Cruz Cortés, ponente, y Freddy Gabriel Celis Fuentes. En febrero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó a Barredo Villanueva y Celis Fuentes por presuntos actos de corrupción. Debido a la cuestionada actuación de los destituidos magistrados federales, la resolución de la Sala Civil causó ejecutoria por no haber sido recurrida, por lo que, el 27 de marzo de 2019, la demandante solicitó se requiriera en vía de apremio a Multimedios de Campeche, representada por su administrador único y administrador general, Castillo Illescas, el cumplimiento a la sentencia. Los magistrados de dicha Sala son: Leonor del Carmen Carrillo Delgado, hija del exgobernador Abelardo Carrillo Zavala, presidenta y ponente; Leonardo de Jesús Cu Pensabé y Joaquín Santiago Sánchez Gómez. Este último fue el primero de los tres secretarios de la Contraloría que hubo durante el cuatrienio de Moreno Cárdenas, quien lo hizo magistrado pese a que carecía de trayectoria judicial. Sánchez Gómez también es primo de Claudio Zetina Gómez, exjefe de la Oficina del Gobernador, en ese mismo periodo.  

Cambio de dueño

El asunto se complica porque hoy resulta que Multimedios de Campeche, o al menos el periódico Expreso, porque La Opinión ya desapareció, tiene nuevo dueño y presuntamente es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Aunque no se le ha podido probar, al también exgobernador se le atribuye además la propiedad de El Sur de Campeche, Novedades de Campeche, El Carmelita y la televisora Mayavisión. El cambio de propietario nunca se notificó ni acreditó en autos durante el juicio contra la empresa. Al acudir, por orden de la juez, a notificar a la empresa la sentencia y de que disponía de 15 días para cumplir la condena, el actuario fue informado por una secretaria de El Expreso de Campeche que Castillo Illescas fue el dueño de Multimedios de Campeche, pero ahora tiene nuevos propietarios. Informó además que cambió su razón social a Operadora 3K, S.A. de C.V, por lo que se negó a recibir el aviso judicial. Castillo Illescas fue notificado entonces en su domicilio particular por ser el representante legal de Multimedios de Campeche, pero se inconformó ante la sentencia. Interpuso un incidente de nulidad de actuaciones, pero el recurso se declaró improcedente. El empresario apeló esa resolución, pero el pasado 13 de septiembre también le resultó improcedente. Además, interpuso sendas demandas de amparo indirecto, para la suspensión provisional y definitiva de la sentencia, pero ambas peticiones le fueron denegadas. Castillo Illescas es yerno del exalcalde y exsecretario de Obras Públicas Jorge Luis González Curi, hermano este a su vez del exgobernador Antonio González Curi.  

El caso

En un caso similar al de Florence Cassez, en 2014 Cuevas Kantún fue acusada de complicidad en el presunto homicidio de la joven Florencia Azalea Cabrera May, sobrina del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, José Antonio Cabrera Mis. La chica fue presuntamente asesinada el 20 de noviembre de 2012 por su expareja Edward Alejandro Cuevas Santini, sobrino de Cuevas Kantún, a quien los medios demandados acusaron de haber ayudado a su familiar a desaparecer el cuerpo. Según la versión de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), encabezada entonces por Arturo Ambrosio, el cadáver fue encontrado en el fondo de un pozo en un predio propiedad de Cuevas Kantún. El cuerpo supuestamente fue encontrado gracias a un video en el que el acusado aparecía cantando un tema de reguetón que trataba de una chica que acabaría dentro de un pozo. Eso les dio la pista a los investigadores para ir a buscar a Florencia en un pozo, quien días antes había sido reportada por sus familiares como desaparecida. El pozo se ubica en un predio propiedad de la familia de Cuevas Kantún, en el municipio de Calkiní, limítrofe con Yucatán. El joven, un maestro de educación física que al momento del supuesto homicidio laboraba en Palizada, un municipio situado a varias horas de distancia de Calkiní, en los límites con Tabasco, y hacía varios meses que había terminado su relación con la aparente víctima, se confesó culpable. Seis años después continúa encarcelado sin recibir sentencia. Los restos presentados de la aparente víctima, que eran sólo la cabeza, los brazos y el tronco, pues faltaban las piernas, fueron incinerados inmediatamente. Pero en el expediente se sembró la duda de que correspondieran a Florencia Azalea, pues los huesos de los brazos eran cortos y la chica muy alta. La PGJ dio en exclusiva a Expreso y La Opinión la información del caso e incluso permitió a reporteros de esos medios acudir a tomar imágenes del pozo donde se encontró el cuerpo, pese a que el sitio estaba acordonado. Y Cuevas Kantún fue expuesta como aparente cómplice de su sobrino. Como consecuencia su salud menguó, su madre murió y varios de sus familiares fueron despedidos de sus empleos. Además de la demanda por daño moral, en 2016 Cuevas Kantún denunció a La Opinión ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigara “la procedencia ilícita” de los recursos con que operaba.