TOLUCA, Edomex (apro).- La legislatura mexiquense aprobó por mayoría de votos reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México que posibilitan a senadores, diputados locales y federales y miembros de partidos políticos convertirse en auditor de la entidad. La iniciativa había sido promovida apenas la semana pasada por la morenista Mariana Uribe, y fue aprobada antes de emitirse la convocatoria para la elección del nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) –lo que se prevé ocurra a más tardar en enero próximo–, actualmente liderado por un encargado de despacho. La tarde de este martes fue avalada con los votos de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). En contra, se pronunciaron los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), el pevemista Alberto Couttolenc y tres morenistas: Elba Aldana, Beatriz García y Alicia Mercado. La modificación además prohíbe al aspirante a auditor superior haber sido, durante los tres años anteriores a su designación, titular de dependencias u organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del estado, magistrado, juez, presidente municipal, integrante de tribunales administrativos, organismos autónomos estatales o dirigente de partido político. El titular del OSFEM y los auditores especiales tampoco podrán ser dirigentes de partidos políticos durante sus funciones. Sin mayor detalle, Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, aseguró que la modificación permite no violar otros ordenamientos superiores, y garantizar los derechos consagrados en las Constituciones federal y local. Durante la discusión de las modificaciones, la morenista Elba Aldana lamentó que Morena esté promoviendo lo que criticó cuando era una oposición fuerte. “Se está intentado materializar y, me atrevería a decir, podría suscitarse un procedimiento pernicioso y regresivo” que atenta contra la fórmula democrática. Desde su punto de vista, la modificación era innecesaria, distorsiona el desempeño legislativo y vulnera los principios de legalidad e imparcialidad a los que debe sujetarse la función fiscalizadora. También, señaló, es contraria a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en la que se establece: “no se permite que el titular haya ejercido cargos como senador o diputado federal”. “No quisiera juzgar, ni actuar con mala fe, pero lo que aquí se puede observar e intuir, es que se trata de una jugada de naturaleza política que se encamina como un muy buen traje elaborado a la medida perfecta de algún personaje que se haya desempeñado en el Poder Legislativo… No se puede ser juez y parte”, dijo.

Señalan simulación

Ninguno de los otros diputados usó la tribuna para argumentar el sentido de su voto. No obstante, durante la elaboración del dictamen la tarde del lunes, la priista Iveth Bernal dijo que la reforma no es acorde con la Constitución federal y que las modificaciones no abonarán a la imparcialidad del titular del OSFEM en caso de que sea miembro de un partido político, legislador federal o local con licencia. La panista Karla Fiesco alertó que el cargo podría usarse como arma política o como un ejercicio de simulación; consideró que la intención es ajustar el puesto para algún integrante de un partido político, con lo cual se estaría violentando al OSFEM y su actuación, en lugar de garantizar su objetividad, independencia y legitimidad en la vigilancia de los recursos públicos. La perredista Araceli Casasola aludió que Morena elaboró la norma pensando en el nombre del próximo titular del OSFEM y se dijo sorprendida por la rapidez con que se concretó. Por su parte, los morenistas Tanech Sánchez y Faustino de la Cruz, y la pesedista Julieta Villalpando justificaron que los cambios permitirán contar con más opciones de profesionistas preparados para ocupar la posición. Debido a que la reforma además obliga al aspirante a contar con la experiencia mínima de cinco años en áreas como transparencia o rendición de cuentas, ya se perfila en la encomienda a la diputada federal Miroslava Carrillo, quien además fue comisionada estatal de Transparencia y actualmente preside la Comisión de Puntos Constitucionales, e integra las de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Para el cargo, también se llegó a postular al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) y asesor morenista José Castillo Ambriz.