TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que desde febrero de 2016 el indígena tzotzil Juan de la Cruz Ruiz, sentenciado a casi 13 años de prisión por un delito que no cometió, obtuvo el beneficio de la libertad, pero por omisiones burocráticas lleva ya tres años y 10 meses encarcelado. De acuerdo con Pedro Faro, director del Frayba, De la Cruz Ruiz es un sobreviviente de tortura, víctima de violaciones al debido proceso legal, y actualmente privado de la libertad de manera arbitraria, acusado injustamente de un presunto secuestro. Señaló que tras revisar su expediente se documentaron una serie de irregularidades, como violaciones al debido proceso, pero lo peor –subrayó-- es que encontraron una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación. Pese a ello, Juan permanece hasta ahora en injusta reclusión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas. El oficio correspondiente, del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por Rutilio Escandón Cadenas, en ese entonces magistrado presidente del Tribunal de Justicia, y Juan Oscar Trinidad Palacios, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otros funcionarios que entonces integraban la Mesa de Reconciliación. La recomendación fue enviada para su trámite a la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, que desde el 12 de febrero de 2016 recibió y debió expedir la boleta de libertad. El Frayba conoció el exhorto el pasado 19 de noviembre y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación del detenido. El Frayba documentó que el 28 de febrero de 2007, De la Cruz, de 38 años, fue privado arbitrariamente de su libertad y torturado por policías ministeriales. Desde entonces ha sido víctima de diversas violaciones al proceso legal. El organismo destacó que el caso de Juan es un ejemplo de discriminación a la población originaria. Por ello, De la Cruz se organizó con otros presos e iniciaron una huelga de hambre desde el 15 de marzo pasado para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas. La familia de Juan y quienes lo acompañan en la defensa de sus derechos humanos enfrentan ahora hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación, pese al diálogo que mantienen con el gobierno de Chiapas. “Formas de intimidación y represión que son parte del terrorismo de los gobiernos para inhibir las acciones de quien denuncia las situaciones de violencia del Estado. Estos hechos ya se han denunciado ante la Fiscalía. Los gobiernos federal y estatal tienen conocimiento mediante las intervenciones realizadas y se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en este país el gobierno es ineficiente y no cuenta con capacidades para proteger a los defensores de derechos humanos”, dijo Pedro Faro. El Estado mexicano, añadió, tiene como deber el respeto, prevención y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y los instrumentos internacionales –abundó-- no se están aplicando en el caso de Juan de la Cruz Ruiz. “Por lo anterior, urgimos al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz”, recalcó Faro. Y responsabilizó directamente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física o psicológica de quienes conforman La Voz de Indígenas en Resistencia, Organización Viniketik en Resistencia y La Verdadera Voz del Amate, así como de las familias de los presos en lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, el Frayba y sus redes de solidaridad. En esta ciudad, esta mañana el Frayba interpuso un recurso de amparo indirecto para solicitar la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a los derechos humanos del indígena preso. La solicitud fue entregada en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito.