TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció amenazas de cateos y detenciones arbitrarias contra miembros de su organización. A través de funcionarios municipales y agentes estatales se lanzó ya la amenaza en el municipio Venustiano Carranza de ejecutar órdenes de aprehensión y llevar a cabo cateos y “levantones” de campesinos organizados en las comunidades de esa región, puntualizó. Según el FNLS, tal estrategia tiene como objetivo generar miedo entre la población y allanar el camino para ejecutar crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. “Esparcir rumores, información falsa y amenazas se ha vuelto parte de la política represiva del gobierno chiapaneco”, recalcó. Y recordó que eso mismo ocurrió en la comunidad 2 de Noviembre, en el municipio de Socoltentango, cuando en octubre pasado las autoridades municipales y los agentes del Estado amenazaron con reprimir y ejecutar un desalojo forzado, hecho que se concretó el 4 de noviembre con un mega operativo policiaco militar que culminó con la destrucción de viviendas, el robo de pertenecías y el desplazamiento forzado de más de 15 familias. Con las amenazas, el gobierno chiapaneco busca minar la voluntad de lucha de los pueblos organizados en general y particularmente el de las comunidades organizadas en el FNLS. Es la forma de mantener callada, con miedo y en la pasividad a la población, mientras se llevan a cabo los despojos de tierras, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, denunció. Sostuvo que las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales, activistas y defensores de los derechos humanos son creadas a partir de la criminalización de la protesta popular, prefabricación de delitos y expedientes incriminatorios, “todo con el propósito de encarcelar a quien proteste y luche por defender sus derechos, como el derecho a la tierra”. Los cateos y “levantones” con los que amenaza la Fiscalía General del estado son la muestra de sus intenciones por atentar en contra de las comunidades organizadas. Y desde el lenguaje de la policía, los “levantones” son la clave para ejecutar detenciones y desapariciones forzadas, abundó. De acuerdo con el FNLS, esas amenazas no son nuevas, pero hoy se agudizan con un eminente riesgo de que se lleven a cabo porque esa ha sido la práctica en los diversos casos de represión y crímenes de lesa humanidad en esta región. Detalló que las constantes amenazas de despojo de tierras y represión en contra de compañeros de la comunidad 20 de Junio, en Carranza, culminaron con la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como el asesinato político de Mario Moreno López y la desaparición forzada temporal, tortura y detención arbitraria de Javier Gonzales Díaz, ambos defensores del derecho a la tierra. En la comunidad 24 de Septiembre del mismo municipio, añadió, la amenazas van acompañadas de una intensa campaña de seguimiento y vigilancia, esto para que la policía identifique a los campesinos, sus viviendas y puedan concretarse esos “cateos y levantones”. La organización aseguró que la vigilancia se da a través de la policía ministerial, cuyos elementos llegan a la comunidad como supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y bajo esa mascarada se encargan de patrullar y hacer preguntas a la población acerca de sus compañeros. “Como podemos observar, existe un plan para ejecutar la represión en contra de nuestra organización, y esto incluye las amenazas que posteriormente se vuelven realidad. Así es como podemos explicarnos que en Chiapas la represión y el despojo violento de tierras es una política del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas”. Por separado, el Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (Copoddh) informó que los días 7, 8 y 10 de diciembre un Grupo Interdisciplinario de Intervención Psicosocial, Colectivo “Dr. Ignacio Martín Baró”, arribará a la comunidad 2 de Noviembre, en Socoltenango. En ese lugar, señaló, se aplicará el proyecto psicosocial denominado Evaluación de las Condiciones de Salud Mental Individual y Colectiva, luego del desalojo forzado e intento de desplazamiento interno por parte de la policía y la Guardia Nacional. El objetivo de la misión es documentar las secuelas psicosociales producidas en la población después de las violaciones a los derechos humanos contra los pobladores, quienes viven en constante hostigamiento.