TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de activistas protestaron este miércoles frente al Poder Judicial del Estado (PJE) para denunciar que, lejos de combatir la violencia de género, la justicia en Chiapas fomenta la impunidad y la recurrencia de los feminicidios. La manifestación se realizó en rechazo a la libertad del feminicida confeso de Wendy Lizzet Ochoa Méndez, su pareja, a quien descuartizó y esparció los restos por toda la ciudad. “El feminicida Jimmy Villatoro interpuso amparo en 2016 y éste se fue a revisión, mismo que fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Circuito de Tuxtla Gutiérrez, derivado de una ‘falta de debida integración en el expediente’, mediante el cual determinan, entre otras cosas, la indebida interposición de la prueba de identificación realizada en el expediente original de la causa, por lo que es confirmada la absolución del feminicida y ordena la libertad”. Así lo denunciaron el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios y el Centro de Derechos de la Mujer, entre otras organizaciones. Luego de que Jimmy Villatoro fue liberado ayer, alrededor de las 17 horas, las activistas y feministas exigieron que se dé a conocer el estado actual del expediente y se otorgue certeza jurídica a la víctima, su familia y a la ciudadanía, y que se explique el alcance de la sentencia dictada por el Colegiado Federal y las causas que la originaron. También se quejaron de la incapacidad de las autoridades en Chiapas, así como de la Fiscalía Especializada en la Protección de los Derechos de las Mujeres y la Fiscalía General del estado (FGE), que en su momento –recalcaron-- pudieron prevenir el feminicidio de Lizzet Arguello, pero nunca lo hicieron. Desde octubre de 2011, Wendy Lizzet, entonces de 19 años, denunció penalmente los golpes y amenazas a manos de Jimmy Virgilio, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer, que nunca fue atendida por la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, quien sólo integró la averiguación previa 832/UEDSYVF1/211 por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de los deberes alimentarios, y mencionó que “no tenía tiempo” para investigar los demás delitos. Ante esa fiscal, Wendy narró su calvario, pero nadie la escuchó para ser salvada de la muerte atroz. Bautista Márquez y su jefa, Alma Rosa Cariño Pozo, titular de la Fiscalía, formaron parte de la camarilla de servidores públicos que privilegiaron la impunidad antes que cumplir sus obligaciones. Con lágrimas en los ojos, Wendy contó a la fiscal que, durante cuatro años de concubinato, Virgilio la torturaba constantemente. Que en varias ocasiones la sumergió en un tambo lleno de agua y en otra le roció gasolina y trató de quemarla, pero el cerillo no prendió porque la caja que los contenía estaba mojada. Fue inútil, nadie la ayudó. El 2 de mayo de 2012, los restos de Wendy se hallaron esparcidos en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez. Trece días después, el 15 de mayo, cuando celebraba con un grupo de amigos el Día del Maestro, el feminicida fue detenido, pero un día antes escribió en su muro de Facebook: “Por fin paz en mi corazón”. Con frialdad, sin arrepentimiento alguno, Virgilio narró la manera en que quitó la vida a Wendy: tres días antes compró varios cuchillos y los afiló en su casa, y preparó una cámara que luego usó para filmar la ejecución. Luego descuartizó a Wendy y tiró sus miembros debajo de los puentes que están a la altura del mirador “Los Amorosos”, en el lado norte poniente de la ciudad. Arrojó la cabeza en el río Sabinal, cerca de la Procuraduría General de Justicia. Pero, además, Virgilio cometió acto de canibalismo con el cadáver de Wendy, cuyo corazón se comió. Martha Figueroa Mier, activista y defensora de los derechos de la mujer, denunció que se trata del segundo caso en que la justicia chiapaneca libera a un feminicida confeso. El primero fue Omar Fernando Rosales Toledado, quien asesinó a Viridiana Flores, su pareja y madre de su hija. El feminicida fue puesto en libertad el 29 de octubre de 2018 por orden de la juez penal Isabel Álvarez Ramos, quien posteriormente fue suspendida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas y le inició un procedimiento de responsabilidad. Además, las activistas y organizaciones sociales recordaron que el 22 de diciembre de 2017, Mariano Sánchez Pérez fue detenido por pobladores del municipio de Chalchihuitán y puesto a disposición de las autoridades por el feminicidio de Marcela Sánchez Girón. El 25 de octubre de 2018, el sujeto fue puesto en libertad por la misma juez Isabel Álvarez Ramos. “Acciones como éstas, donde los feminicidas han quedado libres, demuestran la omisión y complicidad ante la violencia feminicida. Demuestran la falta de compromiso de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia de género en Chiapas, donde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres ha contabilizado 18 feminicidios sólo en el primer mes de 2019”, remataron.