MÉRIDA, Yuc. (apro).- Activistas, madres de familia y propietarias de guarderías exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los Congresos federal y local mantener el Programa de Estancias Infantiles, porque su cancelación, subrayaron, pone en riesgo la seguridad de los menores y el derecho de las mujeres a la igualdad. En conferencia de prensa --respaldadas por Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) y otras agrupaciones feministas-- dieron a conocer una misiva dirigida al Ejecutivo y a los legisladores, donde plantearon las consecuencias que acarrearía el cierre de las estancias. Las inconformes pidieron que el programa en cuestión sea evaluado puntualmente, se establezcan las reglas de operación y seguridad de las estancias, y se les retire la autorización a las que hayan caído en actos de corrupción. También se pronunciaron por reforzar el objetivo del programa para seguir beneficiando el desarrollo social en condiciones de igualdad y pleno respeto a los derechos, evitando secuelas que disminuyan la calidad de vida y desarrollo de las y los infantes y que redunde en la pérdida de fuentes de trabajo. Destacaron que “la transferencia de los cuidados maternos hacia las abuelas, tías o cualquier pariente, de ninguna manera puede suplir la intervención profesional que se obtiene en una estancia infantil”. Añadieron: “Negar la atención en condiciones de higiene y seguridad de las estancias expone a los niños y niñas a situaciones de riesgo, como puede ser la violencia física o sexual que, como está comprobado, por lo general se produce al interior de los hogares”. Asimismo, argumentaron que la intención de entregar 800 pesos mensuales a los padres, “de ninguna manera asegura que el beneficio sea recibido por los infantes, porque tampoco se han especificado los mecanismos que se implementarán para evaluar y dar seguimiento al impacto de esta medida”. Las activistas, madres de familia y propietarias de guarderías insistieron en que la supresión de las estancias infantiles afecta el desarrollo de los menores, quienes por un espacio de hasta ocho horas diarias recibían un servicio integral que acreditaba el primer año de preescolar, que es obligatorio. También acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no haber proveído la infraestructura, así como los recursos materiales y humanos, para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 3º constitucional, “vacío que suplen las estancias infantiles”. La reducción presupuestal al Programa de Estancias Infantiles, recalcaron, atenta contra el interés superior de la niñez y violenta los derechos más elementales de los menores al no contar con un espacio seguro en el que se les provea de la protección y los cuidados que les permitan desarrollarse sana y plenamente. “No, señor presidente, no queremos niños privados de su familia, marcados por la vivencia de una violencia temprana, en un medio sin garantías de seguridad familiar, educativa, y social. “No queremos mujeres madres angustiadas ante la incertidumbre en la formación de sus hijos. No, señor presidente, no queremos mujeres madres obligadas a dejar sus trabajos ante la inseguridad del cuidado para sus hijos”, remataron. El tema motivó un proyecto de acuerdo en el Congreso local para exhortar a la Secretaría de Bienestar del gobierno federal a definir mecanismos que permitan garantizar el pleno y equitativo ejercicio de los derechos de los niños bajo los cuidados del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pidieron que reasigne recursos que permitan a dicho programa contar con un monto presupuestal igual al del ejercicio fiscal 2018. El exhorto también es para que las secretarías de Bienestar y Salud emitan reglas de operación para el ejercicio 2019 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que garanticen un servicio en condiciones de legalidad, calidad, transparencia, seguridad, equidad y correcto uso de los recursos. De igual manera, se presentó y aprobó otro proyecto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que dentro de sus facultades revise las reglas de operación de los programas sociales, específicamente del Programa de Estancias Infantiles, así como la correcta aplicación de los mismos