GUANAJUATO, Gto., (apro).- La familia del joven migrante Leonardo Reyes Cayente, que denunció la presunta ejecución extrajudicial del joven por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos a entregar información adicional del caso, en espera de una recomendación que aclare la intervención de los elementos de esa corporación e incida en una investigación en la Procuraduría de Justicia estatal que deslinde responsabilidades. Aunque los familiares habían solicitado una reunión con el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba, éste no los recibió. La madre de Leonardo, María Guadalupe Cayente, y sus abogados fueron canalizados a la Subprocuraduría con sede en San Miguel de Allende. Fue en una comunidad de San Miguel donde la noche del 13 de diciembre, Leonardo Reyes murió abatido por disparos hechos por agentes de las Fuerzas del estado, cuando se encontraba en su camioneta a un costado de la carretera a Guanajuato. En su reporte oficial los agentes señalaron que Leonardo se encontraba con otra persona –que no ha sido identificada ni capturada- dentro del vehículo y que cuando se acercaron a éste, fueron recibidos a balazos por lo que repelieron una supuesta agresión. Sin embargo, varios integrantes de la familia declararon ante el Ministerio Público que presenciaron cuando los mismos agentes “acomodaron” la escena y habrían dejado morir a Leonardo, que tenía 23 años de edad y trabajaba en los Estados Unidos de donde había viajado a San Miguel sólo por unos días como cada año para las festividades de la virgen de Guadalupe y el fin de año para ver a su familia. En un escrito firmado por la señora Guadalupe Cayente y presentado en la Procuraduría de Derechos Humanos el 6 de febrero del año en curso se solicitó una audiencia personal con el procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, por lo que la familia y el equipo jurídico manifestó su preocupación “por el interés personal que el procurador tiene con el caso, ya que no estuvo presente en la reunión”. Aunque agradecieron la atención del equipo de la Subprocuraduría en San Miguel de Allende, hicieron un llamado “a que institucionalmente la Procuraduría muestre su compromiso emitiendo una recomendación tanto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPG) como a la Procuraduría General de Justicia” sobre el caso. Además, recordaron que se hizo la petición formal –con el respaldo del sacerdote Alejandro Solalinde- para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso “debido a las omisiones de la Procuraduría de Justicia del estado”. Los abogados explicaron que se entregaron al subprocurador Luis Christian Ortiz Andrade videos e información para integrar al expediente 83/18-D iniciado para investigar la actuación tanto de lo elementos de las Fuerzas como de la Procuraduría en la indagatoria.

“La familia confía en que la Procuraduría (de Derechos Humanos) ofrezca una oportunidad para acceder a la justicia en el caso”, expusieron.