SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue., (apro).- Siete comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala interpusieron tres demandas de amparo ante la justicia federal en contra de la consulta ciudadana que pretende llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador este 23 y 24 de febrero para la puesta en operación de la termoeléctrica Morelos. En un mitin realizado frente al edificio del Tribunal Judicial de la Federación ubicado en esta localidad, los activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua y de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos aseguraron que tarde o temprano, la consulta que realizará el gobierno federal será invalidada por las violaciones constitucionales en las que se incurre. Juan Carlos Flores, activista poblano, explicó que las comunidades que recurren en estos amparos colectivos son Huexca, Amicilgo, Jantetelco, del Estado de Morelos; Santa María Zacatepec, de Puebla y San Damián Texoloc, San Vicente Xiloxochitla y San Jorge Tezoquipan de Tlaxcala. Indicó que es posible que en el transcurso de esta semana otras localidades indígenas de la zona del volcán Popocatépetl se sumen a este recurso legal que pretende en primera instancia detener la realización de la consulta que se llevará a cabo el gobierno federal entre la totalidad de la población de Morelos, 15 municipios de Puebla y nueve de Tlaxcala. “Lo que estamos reclamando en el amparo es que la consulta sea indígena y sea pueblo por pueblo, es decir, que cada comunidad decida sobre su territorio si el proyecto se va o se queda”, precisó el activista. Confió en que la justicia federal conceda la suspensión provisional y con ello la suspensión de la consulta, pero indicó que aun cuando eso no suceda, el ejercicio participativo que realice el sábado y domingo el gobierno federal podría quedar invalidado al final del juicio si se concluye que fue inconstitucional. El antropólogo Gilberto López y Rivas, procedente de Cuernavaca, aseguró que la consulta de este fin de semana es amañada, porque debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada, aparte que tendría que realizarse sólo entre los habitantes de las comunidades afectadas. Indicó que en estos días, aparte de la campaña mediática en la que se ofrece la reducción de la tarifa en el consumo de luz para los pobladores de los municipios que participarán en la consulta, hay funcionarios del gobierno que están haciendo campaña a favor de la puesta en operación de la termoeléctrica. Mencionó que estas demandas de amparo se suman a la queja que ya se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Comisión Federal de Electricidad y al Presidente López Obrador, entre otros, por violar los derechos de los pueblos originarios. Dijo que la puesta en marcha de este proyecto va en contra de la vida campesina e indígena y de la vocación agrícola que tienen las tierras de Morelos, además dijo que este tipo de termoeléctricas se han prohibido en países como Francia por el daño que causan a la salud. “Pero fueron compañías españolas las que nos metieron los desechos que tenían de una planta y fueron las que construyeron en Morelos”, aseguró. Jaime Domínguez, activista de Morelos, advirtió que en esa entidad, las comunidades afectadas por el PIM se están reorganizando y “levantando muy fuerte”. “Sobre todo hay mucha decepción, porque los pueblos tenían esperanza de que el gobierno de López Obrador les cumpliera”, expresó, “no esperábamos esto de él, que el hombre que llegó con la promesa del cambio, quisiera imponer (el PIM) con una consulta …no lo hizo ni Peña Nieto”. Recordó que la ejecución del Proyecto Integral Morelos se cometieron actos de corrupción desde un inicio, además de que se impuso su construcción con el uso de la policía federal y del Ejército en contra de los pobladores y sin importarles que, en todo este proceso, el tejido social de los pueblos quedara dañado. Domínguez reiteró el reto que han hecho para el Presidente López Obrador, quien asegura que la termoeléctrica no contaminará el agua: “lo retamos a que sea él quien se tome el primer vaso de agua, porque dice que no contamina”. Indicó que la consulta que llevarán a cabo este fin de semana es ilegítima y amañada porque el gobierno federal será “juez y parte” porque ellos mismos la organizan y serán escrutadores, sin la intervención de los pueblos. Además agregó que se hará uso de la popularidad que tiene el Presidente en las redes sociales para “avasallar” en los resultados. Miguel López, habitante de Santa María Zacatepec, dijo que el pasado fin de semana los pobladores de esa localidad afectada por el paso de gasoducto acordaron que no permitirán que se instalen las urnas para llevar a cabo la consulta que propone el gobierno federal este 23 y 24 de febrero. En su lugar, mencionó que llevarán a cabo una sesión de Cabildo abierto en la que se decidirá enviar al Presidente López Obrador las actas de las Asambleas que ya se llevaron a cabo en 2012 en las que se rechazó el paso del PIM por su territorio. David Torres, habitante de Tlaxcala, indicó que también las comunidades de esa entidad, de acuerdo a usos y costumbres, rechazaron en su momento el proyecto, pero las autoridades no respetaron esa decisión porque fueron corrompidas, desde gobernadores hasta comisariados ejidales. “Este proyecto es un monumento más a la corrupción”, sostuvo. Aun cuando no se conceda la suspensión provisional, si al final el juez concluye que la consulta fue inconstitucional, entonces se echa para atrás la consulta, se queda para atrás y se tiene que ordenar una consulta libre, previa e informada como debe ser con las comunidades indígenas. Las Pruebas Los activistas presentaron ante los juzgados federales dos cajas con documentación para respaldar su demanda. Entre los papeles entregados están las actas de las Asambleas que llevaron a cabo esas localidades desde antes de la construcción del gasoducto, el acueducto y las plantas termoeléctricas que forman parte del PIM y en las que rechazan las obras en su territorio. También, explicó Flores se entregaron como pruebas la recomendación 3/2018 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde se asienta la violación que se cometió al derecho de consulta de los pueblos indígenas para estas obras. Igual, se integra los amparos que concedió la justicia federal a favor de cuatro comunidades originarias de Atlixco en las que dictamina que se tiene que llevar a cabo una consulta conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esas resoluciones, añadió el activista, vienen incluidas el Dictamen técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), un estudio de geofísica y un peritaje que señala que el proyecto no cuenta con medidas de protección civil. Igual, indicó, se incluye una actualización acerca del riesgo sismológico en la zona, que se elaboró después de los temblores registrados el 7 y 19 de septiembre de 2017, en las que se establece que aumentó el riesgo y que no ha habido revisión del ducto, el cual puede presentar fracturas. Por último, Flores aseguró que quién está atrás de las presiones hacia el Presidente para poner en operación el Proyecto Integral Morelos son las industrias que están instaladas en Morelos y Puebla y que requieren de ese gas. Precisó que son las empresas Saint Gobain, Nissan y Continental Bridgestone, que han construido un ramal de gasoducto privado para suministrar a sus plantas en Morelos. “No es cierto lo que dice el Presidente que es para favorecer a la soberanía energética, porque quien se va a beneficiar es el gasoducto que es español, tampoco es cierto que las tarifas de luz van a bajar, porque le van a comprar el gas a Estados Unidos y a la empresa española que lo va a transportar”, afirmó.