TOLUCA, Edomex. (apro).- Teodoro Palomino, líder fundador de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), pedirá la intervención de la Legislatura del Estado de México para que, en su calidad de ente fiscalizador y garante del equilibrio de Poderes, investigue los juzgados civiles de la entidad, tras denunciar su posible participación en una red de despojo de inmuebles. Inicialmente por posible fraude procesal, Palomino Gutiérrez levantó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, radicada con el expediente 3378/12-18 -cuya copia proporcionó a Apro-, contra Ignacio Carmona Rodríguez, Jorge Luis Huerta Chávez, Eduardo Arturo Alarcón O´farril, Jorge Antonio Espinosa Blancas, Argelia Alejandra Balladares Villarreal, María Lourdes Eugenia Espinosa Blancas, Ana Laura Ruiz Rivera y contra quien resulte responsable. Todos ellos, destacó, en complicidad con jueces de lo civil en el Estado de México y de la Ciudad de México, tienen vigentes al menos 28 juicios simulados cuyo fin último es el despojo de inmuebles. “A este grupo lo hemos llamado el cártel del despojo; todos ellos tienen diversos juicios civiles montados básicamente en Naucalpan, contra propiedades de la Ciudad de México, generalmente en zonas con alta plusvalía, como las colonias La Condesa, Polanco y San Rafael… Incluso encontramos que en Monterrey ellos tienen un despacho jurídico y una inmobiliaria”, señaló. Sobre su demanda específica, la Fiscalía capitalina se declaró incompetente y la envió a la Fiscalía mexiquense, quien la radicó en Naucalpan, además por falsificación, alteración y uso indebido de documentos, bajo el folio 01/158/2019. Modus operandi El modus operandi de este grupo, explicó el afectado, consiste en que sus integrantes, sin ser propietarios de los inmuebles que reclaman, se demandan entre sí a través de juicios de desahucio -amparados con contratos ficticios de arrendamiento- que no incluyen ni sus domicilios, ni identificaciones ni referente alguno sobre la investigación correspondiente.

“Ya que se demandan, el demandado se allana; es decir, acepta que realizó el contrato con su demandante, asegura que el domicilio es propiedad de quien lo demanda, pero dice no tener dinero para pagarle; el demandante pide al juzgado el desalojo de quienes allí viven, se meten en el inmueble con documentos falsos y, finalmente, se quedan con los inmuebles que, más tarde, aparecen escriturados –posiblemente también con documentos falsos- a nombre de Eduardo Arturo Alarcón O´farril”, detalló.

Palomino Gutiérrez llegó a esta conclusión, después de que el 5 de noviembre de 2018 el actuario del Juzgado 27 Civil de la Ciudad de México pretendió notificar en su domicilio de la colonia San Rafael un exhorto sobre el juicio especial de desahucio 123/2018 entablado por Ignacio Carmona Chávez contra Jorge Luis Huerta Chávez; ninguno de los dos es residente en el inmueble y ambos son desconocidos para él. En su informe del 12 de noviembre, expuso, el actuario asegura que llegó a la propiedad, tocó la puerta, salió Jorge Luis Huerta, y le notificó a éste. Como prueba, presentó una fotografía de Huerta Chávez que fue tomada a las afueras de su domicilio, en la calle, lo que a su decir implica una irregularidad jurídica básica. Al investigar la situación en que su inmueble se encuentra, “en el Registro Público de la Propiedad nos encontramos que había una inscripción preventiva de un supuesto acto de compra-venta de nuestra propiedad por Eduardo Arturo Alarcón O´farril, acto realizado ante la notaria pública 91, María Guadalupe Pérez, de Nicolás Romero”, explicó. Palomino señaló que en su caso se encuentra involucrada Rosario Abigail Tinoco Rincón, juez cuarto civil de primera instancia con residencia en Naucalpan de Juárez, pero después de acudir al juzgado a preguntar, ésta giró instrucciones para “no prestar a los autorizados en lo principal” el expediente, bajo el argumento de que el señor no es parte en el juicio, “y el miércoles pasado, nuestro juicio ya está desaparecido del boletín judicial electrónico y aparece un juicio inicial distinto”. Más casos  Sin embargo, destacó, éste no es el único proceso simulado. Tan sólo en el juzgado cuarto civil de Naucalpan, Ignacio Carmona Chávez es parte en los juicios 123/2018, 742/2018, 55/2018, 587/2017, 455/2017, 42/2017, 786/2016, 226/2016 y 208/2016; mientras en el juzgado quinto también participa en los expedientes 788/2018, 702/2018, 76/2018 y 246/2016. De igual manera, existen procedimientos judiciales que lo incluyen en los juzgados civiles de Tlalnepantla, Toluca y Atizapán de Zaragoza. La red de despojo, prosiguió, se extiende a la Ciudad de México, donde los Juzgados 8, 16, 27 y 73 en materia civil reciben los exhortos de los Juzgados mexiquenses y, con posibilidad, autorizan los desalojos con uso de la fuerza pública. En el resto de las situaciones, destacó, lo más probable es que los dueños no conozcan estos procesos; desde que comenzó a operar esta red al día de hoy, alertó, pueden sumar ya cientos los afectados. Aunque Eduardo Alarcón O´farril niega ser parte de los juicios, agregó, es el beneficiario; además asegura tener las escrituras de los inmuebles, y al final acusa a los propietarios de invasores.