TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura local dio entrada a la discusión de la despenalización del aborto en el Estado de México, después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresó al pleno iniciativas de reforma a los códigos Penal y Administrativo. Omar Ortega, coordinador de la bancada del sol azteca, admitió que el tema ha generado polarización, trae conflictos por su sola presentación, se ha discutido amplia y abundantemente en los Congresos, pero “es una realidad que nos ha alcanzado y tenemos que atenderlo de manera urgente y necesaria”. El PRD, precisó, no está en favor del aborto, mucho menos contra de la vida, sino en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de que el Estado se haga responsable de su atención. Es necesario, dijo, dejar de criminalizar a las mujeres. De 2007, cuando la Ciudad de México cambió su Ley de Seguridad Social y Código Penal, a la fecha, expuso, han pasado más de 10 años y el tema no ha sido retomado por otras Legislaturas. Desde entonces, dijo, en la Ciudad de México (Cdmx) se han practicado más de 184 mil interrupciones legales del embarazo con cero mortandad; de ellas, 48 mil a mujeres mexiquenses. Por esta razón, planteó que su propuesta de reforma al Código Penal del Estado de México tiene por objeto despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. En tanto, las modificaciones al Código Administrativo plantean definir que no se comete un aborto antes de ese plazo, pues en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que el tema lógico-jurídico de la discusión no es la vida del embrión, y los ministros reconocieron la constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El Estado de México hoy retoma el tema, de manera amplia y abierta, evitando subjetividades e intromisiones religiosas, en favor de la salud de las mujeres. Somos un Congreso de izquierda; demostremos que somos vanguardistas, progresistas y que velamos por los derechos humanos. Que ninguna mujer sea madre por deber, presa por abortar o muerta por decidir”, acotó Ortega Martínez. La morenista Nancy Nápoles lamentó que son las mujeres pobres quienes van a la cárcel o mueren, producto de la criminalización del aborto. Recordó que 23% de quienes han recurrido al ILE en la Cdmx radican en el Estado de México, por lo que es necesario garantizar una atención segura y gratuita en los hospitales públicos de la entidad como un mecanismo de justicia social. Su correligionario Gabriel Gutiérrez se dijo de acuerdo con la modificación, pero destacó la necesidad de ir más lejos y fortalecer las políticas públicas en materia de educación, información y prevención. “No se trata de ser reactivos y agarrar un tema coyuntural, se requiere enfocar políticas públicas del gobierno del estado para evitar esta decisión dolorosa, y quien lo haga que sea seguro, pues la Conapo registra que sólo 45% de los jóvenes tiene acceso a métodos anticonceptivos o información sobre ellos”, dijo. La diputada del Verde, María Luisa Mendoza destacó que el derecho personal termina donde empiezan las garantías de los demás. Admitió que el tema es controversial y llevará a posiciones disidentes, y pese a ello, los diputados deben dar soluciones viables a la ciudadanía y velar por los derechos. “El derecho de las mujeres sobre la libertad de nuestro cuerpo es incuestionable y atendible; pero también debemos ser responsables, crear un contexto social para tomar decisiones con responsabilidad, regular los temas de educación, cultura y salud para que todas las mujeres conozcan las consecuencias del aborto”, dijo. Es necesario, prosiguió, que participen psicólogos, médicos, víctimas de abuso; “legislar con responsabilidad, no por criterios de concepción feminista, sino con irresponsabilidad; buscar coincidencias racionales, objetivas y lógicas en mesas de trabajo”. Armando Bautista, coordinador del Partido del Trabajo (PT), precisó que apoyar esta propuesta no requiere estar en favor del aborto, sino de despenalizar a la mujer por una decisión. Consideró que la ley es machista, pues a pesar de que la concepción es entre dos personas, no se señala al varón por esta decisión. “Me congratulo por el debate; me sumo a la ILE”, dijo. Las propuestas fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia –en el caso del Código Penal-, y de Gobernación, Salud, e Igualdad de Género la de modificación al Código Administrativo.