CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobierno de Cuauhtémoc Blanco descubrió que su antecesor, Graco Ramírez, incumplió con la aplicación de fondos federales para la infraestructura educativa durante los ciclos 2016 y 2017, lo que derivó en procesos de investigación y sanción, dado que las obras se pagaron al 100 por ciento, pero no existen. El problema se multiplica porque los recursos destinados por la federación en 2018 casi se perdieron, por lo que ahora el gobierno estatal intentará ejercerlos y aplicarlos este año. Fidel Giménez Valdés, secretario de Obras Públicas del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que lograron recuperar recursos del año anterior, sin embargo, deberán ser aplicados antes del próximo domingo 31. Pero el problema mayor es que no se sabe con exactitud el paradero de los recursos de años anteriores, aunque se lleva a cabo la recopilación de toda la información al respecto. “Estamos detectando algunas obras de 2016 y 2017 que se cobraron al 100 por ciento y que no se ejecutaron; una vez que estén identificadas y recabada la documentación, vamos a presentar las denuncias correspondientes”, advirtió el funcionario estatal. Lo peor es que no se ha confirmado qué obras se pagaron y no se realizaron, pero podría tratarse de escuelas que resultaron dañadas en el sismo del 19 de septiembre de 2017, que continúan sin ser reconstruidas y recuperadas, en detrimento de los niños y niñas de educación básica. El problema de las denuncias, dijo, es que hasta el momento no se han judicializado las carpetas de investigación de las 17 que se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado en noviembre pasado. En ese sentido, dijo, se buscará hacer algo porque no existe confianza en ese organismo, dado que no se ha observado voluntad para hacer las cosas. El fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, fue abogado personal de Graco Ramírez y luego lo acompañó como consejero jurídico en una parte de su sexenio. Posteriormente, a propuesta del propio perredista, fue designado por el Congreso local como fiscal anticorrupción. Su cargo debió cambiar, dado que la ley anticorrupción fue armonizada, pero la legislatura anterior decidió no realizar una nueva convocatoria para designar al fiscal anticorrupción. En su lugar dio facultades al fiscal general, a quien designó por nueve años. Se trata de un notario también beneficiado por Graco Ramírez para que designara a los demás fiscales especializados. Y, así, el fiscal general Uriel Carmona determinó ratificar por nueve años a Juan Salazar en la Fiscalía Anticorrupción.