Congreso de Yucatán aprueba reformas para garantizar la paridad de género

miércoles, 20 de marzo de 2019 · 20:00
MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Congreso local aprobó reformas legales para garantizar la paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad en los puestos burocráticos de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como en los ayuntamientos. El pleno reformó, en primer término, la Constitución Política del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY), para garantizar la paridad de género en la distribución de puestos laborales en dependencias del Ejecutivo y magistraturas del Poder Judicial. Dicha iniciativa fue impulsada por la panista Kathia Bolio Pinelo, quien celebró ese logro como un avance en la lucha histórica de las mujeres por sus derechos civiles. “Hoy hablamos de 50-50 en paridad, pero esto se ha logrado gracias a la lucha constante que las mujeres han realizado a lo largo de la historia con respecto a sus derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los hombres”, comentó. Sin la aportación de las mujeres –añadió-- México tendría peores rezagos. En la prolongada sesión de este miércoles se aprobaron, por unanimidad, modificaciones al CAPY y a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, para que el 3% de las plazas vacantes y de nueva creación en el Ejecutivo estatal y en los ayuntamientos de los 106 municipios se otorguen a personas con discapacidad. La iniciativa fue promovida por el diputado panista Luis Aguilar Castillo, quien aclaró que no se trata de un programa de asistencia, sino de una oportunidad real para romper barreras y garantizar el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad. “Debemos seguir impulsando este tipo de iniciativas para construir una gran sociedad y dar certeza laboral, económica y social; no es una dádiva, es un derecho a las personas con discapacidad que estamos obligados a otorgar”, enfatizó. En la misma sesión se dio luz verde a la minuta enviada por el Congreso de la Unión para reformar la Constitución Mexicana en materia de extinción de dominio, y otra referente a la prisión preventiva oficiosa.

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