COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Ocho meses después de su nombramiento por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de esta entidad fueron destituidos por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. La decisión del órgano jurisdiccional federal se produjo al resolver en segunda instancia el juicio de amparo directo 664/2018, promovido por el abogado Rumualdo García Mejía, quien señaló como autoridades responsables al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y al Congreso del Estado. Ante una propuesta del mandatario estatal, la legislatura anterior aprobó el 16 de julio anterior el nombramiento como magistrados del TJA del exconsejero jurídico del Poder Ejecutivo, Andrés Gerardo García Noriega; de la exoficial mayor del Congreso del Estado Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y del abogado Juan Manuel Figueroa López. El dictamen obtuvo el voto favorable de 22 diputados locales, con la abstención de las diputadas Martha Leticia Sosa Govea y Leticia Zepeda Mesina, de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Inicialmente, García Mejía promovió un juicio de amparo argumentando que se violó la Constitución en el proceso de nombramiento de los magistrados, pero fue sobreseído por un juez de distrito, por lo que el quejoso presentó el 21 de diciembre pasado un recurso ante el Tribunal Colegiado, que dejó sin efecto el procedimiento y determinó que deben ser nombrados nuevos titulares. El Tribunal de Justicia Administrativa, integrante del Sistema Anticorrupción de Colima, fue creado por disposición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, aprobada el 16 de marzo de 2018, aunque el decreto fue publicado el 16 de junio siguiente en el periódico oficial “El Estado de Colima”. Conforme al artículo cuarto transitorio de esa ley, el jefe del Ejecutivo presentó dentro de los 30 días naturales siguientes al Congreso las propuestas de nombramientos de magistrados, aprobadas exactamente un mes después de la publicación. Sustituto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el TJA tiene entre sus funciones dirimir las controversias entre las administraciones públicas estatal y municipal con los particulares. Así también, es competente para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales que incurran en responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares implicados en actos vinculados. Otra facultad del TJA es fincar el pago de las indemnizaciones y las sanciones pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.