CHILPANCINGO, Gro. (apro).– El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero denunció la desaparición del expreso político Gonzalo Molina González y tres de sus familiares hace dos días en la Ciudad de México. La desaparición se habría registrado la noche del pasado martes 26, “por los rumbos de Martín Carrera”, cuando el activista viajaba en un vehículo de Uber junto a dos de sus hijos y su cuñado. En un comunicado, el Comité informó que Molina González estaba adherido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, porque había sufrido amenazas de muerte tras su excarcelación el 28 de febrero pasado tras cinco años de permanecer recluido en la cárcel de Chilpancingo. “Externamos nuestra profunda preocupación por la desaparición del compañero Gonzalo Molina, promotor y vocero de la Casa de Justicia del Paraíso de la Policía Comunitaria CRAC-PC y que recientemente alcanzara su libertad al demostrar él mismo su inocencia ante 10 causas penales con las que el corrupto sistema de justicia de México pretendió callar su voz e inhibir la organización popular”, indica el comunicado. Señalaron que Molina González decidió salir de Guerrero ante las amenazas recibidas por una persona identificada como “Yazmín La Norteña”, señalada como “militar y presunta integrante del grupo delictivo de Los Viagras”, que opera en los poblados de Tierra Colorada y el Ocotito. “El compañero se traslada a la Ciudad de México bajo sus propios riesgos para exigir medidas de protección para su integridad física y la de sus familiares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Subsecretaria de Derechos Humanos Población y Migración”, señaló el Comité.

Luego, “el lunes pasado, tras participar en un conversatorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Gonzalo sufrió un intento de privación ilegal de la libertad al interior de Ciudad Universitaria, pero lo salvaron los mismos estudiantes”.

“El 26 de marzo, los criminales intensificaron sus patrullajes hacia la persona de Gonzalo e incrementaron el hostigamiento directo a su familia”, afirmó el Comité y remató: “En el transcurso de la marcha por la exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa, recibió amenazas de la señora Yazmín La Norteña”. “Ella sí gozó de total libertad e impunidad para trasladarse a esta ciudad y participar en la marcha, en la cual estuvo tomando fotos tranquilamente, hasta realizar la amenaza al compañero, tras lo cual ya no se le vio más”, reclamó el Comité. La narración continúa diciendo que “posteriormente, un individuo que lo fotografiaba durante la marcha intentó ingresar al edificio al cual acudieron Gonzalo y sus acompañantes momentáneamente, para usar los sanitarios. El desconocido fue retenido en la entrada del edificio y no pudo justificar su intención de ingreso a donde se encontraba Gonzalo Molina”. Más tarde, “al llegar al domicilio donde Molina habría de pernoctar, se detectó a otra persona tomando videos del domicilio, así como a los compañeros, quienes salieron para tomar algunos alimentos. Al confrontarlo nuevamente externó argumentos torpes al responder que buscaban departamentos en renta (a las 9 de la noche)”. Esta situación provocó que los encargados de la seguridad de Molina, decidieran trasladarlo a otro refugio a bordo de un Uber junto a dos de sus hijos y un cuñado del activista.

“No obstante, a tan sólo cinco cuadras de su llegada al punto solicitado, la aplicación dio por terminando el viaje. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la noche por los rumbos de Martín Carrera. Hasta las 12 de la noche, compañeros de la brigada de Paz Marabunta recorrieron la zona sin encontrarlos y desde entonces no se sabe nada del paradero de los compañeros y sus celulares se encuentran apagados”.

Por ello, el Comité exigió al gobierno federal y a organismos defensores de derechos humanos, la presentación con vida de Gonzalo Molina y responsabilizaron a las autoridades de esta situación. También denunciaron que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, se negó a proporcionar ayuda cuando le solicitaron.