Urgen en Oaxaca frenar los despojos que dan paso a megaproyectos

jueves, 28 de marzo de 2019
OAXACA, Oax. (apro).- Pueblos indígenas, colectivos y organizaciones de derechos humanos del Istmo de Tehuantepec hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la burocracia “neoindigenista” para que dejen de lado las simulaciones y frenen el despojo de comunidades para imponer megaproyectos. “Esperamos que esta invocada cuarta transformación no se convierta en más de lo mismo: despojo, pobreza y violencia para los dueños históricos del territorio”, puntualizaron en vísperas de que se realice la convocatoria emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y operada por el naciente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la realización de Asambleas Regionales de Consulta en relación al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Por su parte, comuneros mixes y zoques de Jaltepec de Candayoc y de Santa María Chimalapa denuncian que funcionarios del INPI están ofreciendo programas de ganadería, ampliar el censo de Proagro y algunas obras a cambio de que las asambleas regionales consultivas se pronuncien a favor del megaproyecto Corredor Transístmico. Por su parte, en la población Ikjots de San Mateo del Mar con la presencia de representantes de San Dionisio y San Francisco del Mar se está realizando una reunión donde se denuncian las maniobras de los empleados del INPI con el fin de que de realice la mencionada asamblea. A su vez, autoridades de diferentes comunidades indígenas de San Juan Guichicovi, Matías Romero y el Barrio de la Soledad, acusan que a pesar de que el megaproyecto en cuestión los impacta directamente, no han sido invitados a las asambleas, señalando que algunas de las ocho sedes se encuentran a casi 100 kilómetros del trazo del ferrocarril. En tanto que comuneros de Unión Hidalgo denunciaron también graves irregularidades del personal de la Secretaria de Energía en la imposición de una consulta para favorecer a una empresa eólica francesa. Finalmente, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo expuso “la violación abierta a los derechos de los pueblos indígenas del istmo de Tehuantepec por parte del INPI, institución que fue creada supuestamente para impulsar el respeto a esos derechos y que hoy se pone al servicio de un proyecto que va a beneficiar directamente a empresas trasnacionales”. Antes, en un pronunciamiento, las comunidades y comunidades expresaron su “preocupación y malestar” por la convocatoria para la realización de asambleas regionales de consulta en relación al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Recalcaron que “desde hace muchos años hemos denunciado los planes de despojo y saqueo que significan para nuestros pueblos los programas de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec impulsados por los gobiernos del PRI y del PAN y la reciente declaración peñista de Zonas Económicas Especializadas. “El programa que hoy impulsa y da por hecho la administración del presidente López Obrador es una simple continuación de esos viejos planes, los cuales han contado y cuentan con la aprobación e interés de gobiernos extranjeros y empresas trasnacionales”. Es por ello que declararon que “esta pretendida consulta es una simulación que sólo busca cubrir formalidades, pues las ocho sedes elegidas para la realización de dichas asambleas, se ubican fuera de la zona de impacto directo de este programa y, por su diseño, les impide a las comunidades afectadas de manera directa conocer, analizar y resolver sobre un proyecto que las afectara de manera directa”. Aunado a ello, la información es general y no en lengua materna, es escasa y no contempla los impactos sociales y ambientales, además que no existen estudios ni manifestaciones de impacto ambiental ni social. También, estas “asambleas de consulta” por la forma en que han sido convocadas no aseguran la participación de las mujeres indígenas, ya que son contadas las mujeres que tiene la calidad de autoridades comunitarias. Consideran que estas asambleas, al parecer, están orientadas a legitimar hechos consumados, prueba de ello es que la convocatoria da por hecho la validez del proyecto y se define como una acción para “tomar en cuenta” unilateralmente por el gobierno federal lo que puedan o decidan proponer. Declararon que estas acciones violan los derechos de los pueblos indígenas, pues a pesar de que se invoque a los instrumentos internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, no respeta los principios de ser previa, libre, informada y de buena fe, ya que “los tiempos y modos para tomar decisiones de nuestras comunidades son otros y más en temas que les pueden afectar directamente”. “Nos preocupa que un gobierno, cuya bandera es ‘primero los pobres’ le dé prioridad a inversiones para un megaproyecto y deje a considerar como acciones a mediano plazo las inversiones para mejorar la escasa y pésima infraestructura con la que cuentan nuestros pueblos”. Finalmente se pronunciaron por “la realización de una consulta que cuente con los estándares internacionales para que se asegure su carácter previo, libre e informado y que sea realizada en las comunidades directamente afectadas por el megaproyecto transístmico”.

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