TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- El pleno del Congreso del Estado aprobó este domingo, por unanimidad, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de la cual se crea la Guardia Nacional, para ser así la cuarta entidad del país en hacerlo. Después de Guerrero, Tabasco y Campeche, los diputados locales de Chiapas, aprobaron la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permiten la creación de la Guardia Nacional. Tras ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, esta minuta de proyecto de decreto tiene que ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos locales del país. El primero en hacerlo fue Guerrero, le siguió Campeche, Tabasco y ahora Chiapas. En el proyecto de decreto, se establece que la Guardia Nacional será una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional. Y que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. El Ejecutivo Federal designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, Defensa Nacional y de Marina. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El dictamen también establece que el Congreso de la Unión deberá realizar reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Por otra parte, en su segundo orden del día, el Congreso de Chiapas aprobó también por unanimidad, la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permitirá que al menos seis delitos sean añadidos a los susceptibles a ser cubiertos con la prisión preventiva oficiosa. La desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, el huachicoleo, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, y en materia de corrupción,  el abuso sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de transportes y la corrupción, son los seis delitos que forman parte del catálogo ampliado. Aunque esto ha sido impugnado por organismos como la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han expresado su preocupación por la reforma que buscan ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva automática u oficiosa en México, señalan que esas reformas resultan contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, según el organismo regional, convierten esta medida en una pena anticipada. La CIDH arguye que para que el régimen de prisión preventiva resulte compatible con los estándares internacionales en la materia, su aplicación debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.