TOLUCA, Edomex. (apro).- El pleno de la Legislatura mexiquense autorizó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizar una auditoría externa al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) para conocer su situación financiera y construir una nueva Ley de Seguridad Social con base en su perspectiva económica real. La revisión, conforme al punto de acuerdo propuesto por el Partido del Trabajo (PT) y aprobado por unanimidad -de urgente y obvia resolución- debe incluir las reservas financieras, fondos de pensiones, patrimonio, inversiones y criterios, montos de cuotas y aportaciones, rendimientos, intereses, capitalización, adeudos de instituciones y demás acciones indispensables para conocer la naturaleza y perspectiva financiera del Instituto. Es necesario, consideró el diputado Luis Antonio Guadarrama, promovente del punto de acuerdo, que la revisión sea realizada por un despacho independiente y con capacidad técnica probada, ajeno al gobierno del estado y a todo ente público. “La idea no es perjudicar a nadie, sino abonar, y la mejor manera de hacerlo, es conociendo la realidad. Sólo disipando las dudas sabremos cómo ayudar a que el Instituto no tenga problemas” y garantice acceso a la asistencia médica, pensiones y seguros (por desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de la familia) a la burocracia mexiquense. Para fortalecer el régimen de seguridad social, dijo, antes es indispensable conocer el manejo de los fondos de ahorro de los trabajadores. “No puede haber una reforma más del ISSEMyM, mientras no haya transparencia”, destacó. Guadarrama Sánchez recordó que en diciembre pasado Morena, su partido y Encuentro Social (PES) abrogaron la nueva Ley ISSEMyM por ser contraria a los intereses de los trabajadores, privatizar el fondo de pensiones, porque renunciaba a los principios de seguridad social y condenaría a las nuevas generaciones a no tener pensión de retiro digno. El petista lamentó que para las reformas a la Ley del ISSEMyM, concretadas en los años 2002 y 2012, la Legislatura no exigió ni partió de cuentas claras; “los diputados votaron por consigna, a ciegas”. La reforma de 2012, recordó, elevó de 57 a 62 años la edad de jubilación, las cuotas en 35%, las aportaciones en 55%, y en 33% las aportaciones de pensionados y pensionistas, para garantizar pensiones y servicios hasta 2023. No obstante, dijo, mucho antes de esa fecha, en 2018, “se pretendió atentar otra vez contra la burocracia mexiquense”. El legislador advirtió que no resulta extraño creer que los fondos de pensiones se utilizaron con otros fines, y por esa razón el ISSEMyM sufre de descapitalización permanente. Adicionalmente, lamentó, permanecen impunes las deudas de ayuntamientos, organismos de agua potable, sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y otras dependencias estatales como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), quien recientemente reconoció pasivos con el ISSEMyM por más de dos mil 300 millones de pesos. Los resultados de la revisión, serán empleados como diagnóstico para construir una nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), pues los diputados locales desconfían de las auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a quien incluso le fue rechazado su informe de la Cuenta Pública Estatal 2017. La auditoría fue avalada por 67 votos, con las ausencias de Alberto Couttolenc, coordinador del Partido Verde Ecologista (PVEM), y de su correligionaria María Luisa Mendoza; de Omar Ortega, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y su compañera de bancada Claudia González Cerón –recién importada de Morena-; de las morenistas Liliana Gollas, Karina Labastida y Beatriz García, y del petista Sergio García Sosa.