TOLUCA, Edomex. (apro).- El gobernador Alfredo del Mazo solicitó a la Legislatura local autorización para contratar financiamiento multianual por más de 43 mil millones de pesos (más IVA y actualizaciones) con la finalidad de construir y operar dos centros penitenciarios, y rehabilitar carreteras en la capital y sur de la entidad. Específicamente son los centros penitenciarios de Otumba e Ixtapaluca, y en cuanto a las vías carreteras, el gobernador pretende sea mediante la figura denominada Asociación Público Privada (APP). La solicitud se desprende de tres iniciativas del titular del Ejecutivo estatal, turnadas la tarde del jueves 11 por el pleno a las comisiones de Seguimiento para la Operación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS´s), Planeación y de Finanzas Públicas para su análisis y dictamen. Conforme a los proyectos, cada uno de los dos centros penitenciarios tendrá un costo de 15 mil 111 millones de pesos más IVA (actualizable con los incrementos del índice Nacional de Precios al Consumidor), cantidad que se pagará durante un periodo de 25 años, con el propósito de que durante los primeros 24 meses se edifiquen, y 23 años se operen y mantengan. “Se valoró que es factible transferir riesgos de construcción, operación y mantenimiento al sector privado, los cuales se estima que tienen un valor de más de 3 mil 900 millones de pesos que, de otra manera, estarían a cargo del Gobierno del Estado de México”, se plantea en cada caso, lo que significa que este esquema prácticamente triplicará el costo. Ambos penales tendrán capacidad para dos mil internos, y los recursos para las APPs se tomarán del presupuesto de la Secretaría de Seguridad estatal. La diputada petista, Imelda López, y la priista, Iveth Bernal, indicaron que el objetivo es ampliar la capacidad de los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación (que en la actualidad representa 128 por ciento en los penales estatales), bajar costos y garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad, a través de diversas actividades laborales que les permitirán capacitarse para el trabajo y, con ello, generar mano de obra calificada para que al dejar el penal puedan desempeñar un oficio. Por lo que respecta al Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje, la inversión será de 13 mil 629 millones de pesos más IVA (actualizable con los incrementos del índice Nacional de Precios al Consumidor) durante 12 años, para mil 637.8 kilómetros de caminos en Toluca, Tejupilco e Ixtapan de la Sal. “Se valoró que es factible transferir riesgos de rehabilitación, operación y mantenimiento al sector privado, los cuales se estima que tienen un valor de más de 4 mil 411 millones de pesos que, de otra manera, estarían a cargo del Gobierno del Estado de México”, se admite en la exposición de motivos. Las iniciativas plantean la obligatoriedad anual de la administración estatal para informar a la Legislatura el avance del desarrollo, si bien los diputados además podrán solicitar información en cualquier momento y vigilar todo el proceso. Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) podrá revisar todas las etapas del proceso de licitación pública y de ejecución de los contratos. Los montos deberán inscribirse en el registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios y en el registro de deuda pública. Las APPs son la figura jurídica que sustituye a la de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) mediante la que se concesionaron la construcción y operación del centro cultural oriente (en Texcoco); la rehabilitación y mantenimiento del libramiento Atizapán-Nicolás Romero (cuya evaluación de la Comisión de Seguimiento de los PPS revela que los trabajos fueron deficientes), la construcción de los Hospitales regionales de Zumpango y Toluca, y el Puente James Watts de Cuautitlán. A la fecha, por estos cinco PPS se sigue pagando cada año una renta anual. El esquema financiero de las APPs consiste en celebrar contratos a largo plazo (hasta por 30 años) con la iniciativa privada que se encarga de financiar, desarrollar obras y prestar servicios en los sectores comunicaciones, salud, procuración y administración de justicia, seguridad, desarrollo urbano y redes de agua potable.