COLIMA, Col. (apro).- Concebido hace casi medio siglo como una opción para tecnificar los sistemas de riego de los campos agrícolas de la región, el proyecto de construcción de la presa El Naranjo II sobre el cauce del Río Marabasco —en los límites de Manzanillo, Colima, y Cihuatlán, Jalisco—, se encuentra detenido e inconcluso, en espera de que la actual administración federal decida su futuro. En sus antecedentes, la obra fue planeada originalmente en 1971, bajo el nombre El Naranjo, y su primer estudio de factibilidad se realizó en 1976, pero se postergó durante varias administraciones, hasta que en el año 2003 el proyecto se desempolvó, fue rediseñado y, tras una serie de contratiempos, años después se aprobó y puso en marcha con el nombre El Naranjo II. En su momento, el entonces secretario de Desarrollo Rural de Colima, Carlos Salazar Preciado, declaró a Proceso que uno de los factores que contribuyeron al retraso de la obra fue la negativa inicial de Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, de suscribir con el mandatario de Colima el acuerdo de coordinación para la realización del proyecto. Aunque la presa estaba planeada 225 kilómetros al norte del puente de acceso a Cihuatlán, fuera del área de disputa territorial entre los dos estados, Ramírez Acuña condicionó la firma del acuerdo a la solución del conflicto limítrofe a favor de Jalisco, de lo contrario su gobierno no invertiría en la obra, aunque posteriormente cambió su postura, reveló Salazar. A principios de 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la autorización en materia de impacto ambiental para construir ese proyecto, con el argumento de que no se ajustaba a la disposición de respetar la integridad funcional de los recursos naturales, pues no consideró una propuesta de gasto ecológico que demostrara que con ella se mantendrían los ecosistemas en condiciones favorables. Tras resolver esa situación, en septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación del proyecto, con el propósito de iniciar los trabajos el 7 de noviembre siguiente, de acuerdo con el entonces director local de la Conagua, Gerardo Hernández Cervantes. Sin embargo, fue hasta el 24 de abril de 2008 cuando se puso en marcha oficialmente la obra, con la asistencia de los gobernadores de Colima y Jalisco, Silverio Cavazos Ceballos y Emilio González Márquez, así como el director general de la Conagua, José Luis Luege Tamargo. Con una inversión programada de mil 58 millones de pesos –70% aportado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el 30% restante por los gobiernos de Colima y Jalisco a partes iguales–, la presa haría posible la habilitación de 7 mil 500 hectáreas de riego, 3 mil 410 ubicadas en la primera entidad y 4 mil 90 en la segunda, en beneficio de alrededor de 800 familias. Proyectado para una capacidad de almacenamiento de 176 millones de metros cúbicos, el embalse también abastecería de agua a 53 mil habitantes de Cihuatlán y Barra de Navidad, Jalisco. Según José Luis Luege, la obra, que según el calendario original debía estar concluida el 31 de diciembre de 2010, permitiría además a los productores de la región generar cultivos con mayor rentabilidad para exportación. Más de ocho años después del plazo en que se había programado su conclusión, los trabajos de la obra se encuentran paralizados, con un avance de apenas 45 por ciento, según estimaciones del actual director local de la Conagua, Eleazar Castro Caro. Con el argumento de que había lentitud en los trabajos durante el primer año, la Conagua le rescindió el contrato a la empresa que había ganado la licitación, Constructora y Arrendadora Arcos, S.A. de C.V., pero ésta llevó el caso a los tribunales y después de un juicio de varios años obtuvo una resolución judicial favorable, situación que debe atender el gobierno federal antes de continuar la obra. Eleazar Castro declaró que el propósito es que el proyecto sea replanteado por la actual administración federal, por lo que se realizan gestiones de recursos para hacer las adecuaciones que se requieren. Señaló que aunque todavía no hay recursos para continuar los trabajos, dentro de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra este proyecto, para el que se necesita actualizar estudios y el anteproyecto ejecutivo. Como parte de una investigación académica divulgada en junio de 2018 por la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la oceanóloga María Vanessa Gómez Pizano evaluó la amenaza, analizó la vulnerabilidad y estimó el riesgo de las poblaciones de los alrededores de la obra de la presa El Naranjo II, frente a un escenario simulado de rotura potencial por tubificación. El resultado alcanzado, de acuerdo con la Clasificación del Riesgo Aguas Abajo del Departamento de Ecología del Estado de Washington, estableció que ante una eventual rotura por tubificación de esa presa el riesgo potencial es alto, dentro de la categoría A, por afectar gravemente a núcleos urbanos, servicios esenciales y por producir daños materiales muy importantes. “Esta clasificación del riesgo fue determinada principalmente por la población estimada en riesgo aguas abajo de la presa El Naranjo II. Potencialmente se perderían cinco mil 346 vidas humanas, además de la magnitud potencial de daños a propiedades y las pérdidas económicas resultantes de la severa afectación a mil 132 viviendas, ocho escuelas, siete mil 500 hectáreas de cultivos de riego, un tramo de la carretera federal (Manzanillo-Barra de Navidad), un puente (Puente Cihuatlán) y un aeropuerto internacional (Playa de Oro Manzanillo)”, apuntó. María Vanessa Gómez, quien con esta investigación obtuvo el grado de especialista en ciencias del ambiente por la Universidad de Colima, afirmó que la importancia de modelar el escenario de falla por tubificación como la más probable, recae en el hecho de que las causas que lo originan pueden evitarse desde el inicio de su construcción y durante su operación, además de que este tipo de rotura es más frecuente durante el llenado del embalse y se podrían tomar decisiones tendientes a reducir la vulnerabilidad a un evento de esa magnitud. En su estudio, Gómez Pizano realizó una serie de recomendaciones encaminadas a disminuir la vulnerabilidad de la cuenca baja del río Marabasco, entre ellas el establecimiento de un Plan de Atención de Emergencias (Pade) para la presa El Naranjo II, describiendo los procedimientos y contemplando de manera clara el desarrollo de diversos aspectos como alcance, responsabilidades, identificación y evaluación de la emergencia, acciones preventivas, mapas de inundación, etcétera. Así también, plantea ampliar el análisis de vulnerabilidad física, considerando más infraestructura; realizar un análisis de vulnerabilidad social, que incluya desde las características socioeconómicas de las poblaciones afectadas hasta la percepción del riesgo y la percepción sobre los roles de las instituciones y planes de prevención y atención al riesgo; establecer una estrategia encauzada a disminuir la vulnerabilidad física y social en las zonas con alto riesgo; crear un organismo gestor del riesgo para la cuenca baja del río Marabasco; crear un ordenamiento ecológico territorial; durante la emergencia, mantener canal de comunicación directo con la población; y, durante la recuperación, evaluar el manejo de la emergencia y sondear necesidades de la población en cuanto al manejo del riesgo, entre otras.