TEMOAYA, Edomex. (apro).- Por unanimidad, la Legislatura mexiquense aprobó el informe de las Cuentas Públicas 2017 que instruye la práctica de auditorías especiales al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), al Instituto de Salud estatal (ISEM) y al Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC). Las auditorías, sin embargo, podrían no correr a cargo del actual auditor superior, Fernando Baz, pues el dictamen incluye la solicitud a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para iniciar el proceso de remoción, tras considerar que incurrió en omisión y fue parcial en el informe sobre los hallazgos de anomalías. Aunque desde el pleno adelantó el voto de su bancada en favor del dictamen, Miguel Sámano, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó por escrito que el resolutivo octavo, en el que se demanda la destitución del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), no debió incluirse en el dictamen de las Cuentas Públicas. No obstante, el morenista Valentín González Bautista alertó que lo anterior de ninguna manera se traduce en un voto particular en contra del inicio del procedimiento de destitución, sino implica mera opinión. Su correligionario Faustino de la Cruz indicó que el dictamen de la Cuenta Pública 2017 revela el desaseo en el manejo de las finanzas públicas de ese año, y consideró que, por dignidad, el titular del OSFEM debió presentar su renuncia, hace mucho tiempo, pues desde su designación (en 2009) a la fecha no existe un solo sancionado por las anomalías detectadas. Según el dictamen aprobado, a partir de las revisiones especiales se espera contar con elementos suficientes para conocer con detalle las causas de endeudamiento del ISEM -al cierre del año 2017 ascendió a 9 mil 992.9 millones de pesos-, el destino de los recursos retenidos por la UAEMex a sus trabajadores por concepto de cuotas y aportaciones al Issemym, la situación financiera del Issemym, contar con referencias sobre fiscalización del PAC -cuyo uso para financiar la guerra sucia contra el presidente de la República fue denunciada por el gobierno federal- y detallar la deuda de los Cusaem con el Issemym. Las revisiones deben aportar información suficiente y relevante sobre el estado financiero (incluyendo ejercicios anteriores), la aplicación y resultados de los recursos públicos ejercidos; y el OSFEM debe promover ante las instancias correspondientes las acciones legales a que haya lugar. También deberá investigar las causas por las cuales los trabajadores de los llamados Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) son derechohabientes del Issemym, el número de beneficiarios, el impacto que la atención a esta población tiene sobre las finanzas del Instituto y, de ser procedente, promover el inicio de acciones pertinentes para el caso de detectar omisiones o violaciones a los ordenamientos aplicables. De igual manera, se deberá continuar con los procesos de aclaración y solventación, con énfasis en los 38 programas presupuestarios con resultados ‘regular’, ‘pésimo’ y ‘crítico’, según el Índice de Desempeño de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. El OSFEM estará obligado a coordinarse con las dependencias, órganos federales y estatales para hacer un análisis integral con cruces de información cualitativa y financiera de cada programa para obtener impactos sociales, y a iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes. La aprobación del dictamen, especificaron los diputados, no releva las responsabilidades en que los órganos y personas ejecutoras hayan incurrido, en tanto no se concluyan los procedimientos instaurados.