SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- El gobierno municipal del perredista Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018) fue ubicado en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular operaciones por 7.4 millones de pesos. Luego de que el periódico Reforma difundió una nota sobre el uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), el actual alcalde, Xavier Nava Palacios, aclaró que la operación fraudulenta se cometió en el gobierno de su antecesor. En conferencia de prensa, Nava y el oficial mayor Óscar Valle Portilla explicaron que Gallardo Juárez hizo esos movimientos con la empresa 79 Integración Empresarial, S.A. de C.V., que figura en los reportes del SAT como una de las EFOS detectadas. Esa empresa tenía su domicilio en una antigua casa de la avenida Reforma, junto a una plomería, precisó el oficial mayor. Según las listas del SAT, la compañía expidió 11 facturas por un total de 7 millones 401 mil 762 pesos, recursos erogados por el gobierno municipal bajo los conceptos de mantenimiento de subestaciones encapsuladas, papelería, impresión de notificación de pago de predial, artículos de limpieza y servicio de mensajería. No obstante, en la información recabada por la actual administración sólo se encontró como deuda reconocida y pagada en el sistema de contabilidad gubernamental un monto por 4.7 millones de pesos, amparados por cinco facturas. Las otras seis facturas con las que se justificó la disposición de 2.6 millones de pesos “no se encuentran en los registros contables”, aunque nunca se cancelaron, según el alcalde y el oficial mayor. Óscar Valle incluso aclaró que a raíz de estas evidencias iniciaron una revisión de la facturación en los años 2015, 2016 y los primeros meses de 2018 –antes del cambio de administración--, tanto en la administración municipal como en el Interapas, operador de agua potable, para verificar si la empresa 79 Integración Empresarial expidió algunas facturas más en esos periodos del gobierno de Ricardo Gallardo. El alcalde Xavier Nava Palacios deslindó a la actual administración de las operaciones reportadas por el SAT, y anunció que se continuará con la investigación de ésta y otras anomalías del trienio de su antecesor perredista, denunciadas ya ante la Fiscalía General del estado y la Fiscalía General de la República, “por justicia y porque la ciudadanía así lo exige”.