COLIMA, Col. (apro).- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez consideró que la Fiscalía General del Estado debe aclarar las versiones en el sentido de que el asesinato de un menor, el pasado 4 de marzo en la casa del entonces secretario del Turismo, Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, ocurrió en el contexto de una “fiesta pederasta”, como lo denunció el abogado de la familia de la víctima. El mandatario estatal declaró que se enteró de estos señalamientos por los periódicos, no a través de un reporte oficial, pero “si ese fuera el caso, en primer lugar lo lamento mucho, en segundo lugar que (los implicados) se atengan a las consecuencias que la propia ley establece, es una cuestión que tiene que aclarar la fiscalía y exponer que sanción se debe llevar a cabo para que se someta eso finalmente al poder jurisdiccional”. Cuestionado sobre las denuncias de que se están encubriendo algunos delitos adicionales que se pudieron haber cometido, Peralta Sánchez señaló que todos los presentes en la fiesta son “testigos oculares” y como tales deberían dar su relatoría de los hechos. “Yo no soy el fiscal, si fuera el fiscal a todos los hubiera encerrado hasta que dieran su declaración”, dijo el gobernador. En relación con el presunto uso de recursos públicos para el financiamiento de esta fiesta y otras que se habrían realizado antes, el mandatario dijo estar dispuesto a que “se fiscalice absolutamente todo, y de ser así que se sancione por haber hecho un mal uso de los recursos públicos; de ninguna manera aceptaría yo y por ningún motivo autorizaría que se destinen recursos públicos para una fiesta privada de la naturaleza que sea”. Poco después del suceso, el exsecretario de Turismo ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que los hechos violentos ocurridos en su casa se derivaron de un asalto por parte de un grupo armado que se introdujo a robar, asesinó al menor y torturó a los presentes. Así también, negó que se tratara de una fiesta, aseguró que no conocía a la víctima ni a otras personas más que estaban reunidas en su casa porque eran “invitados de invitados”. Sin embargo, el abogado Agustín Díaz Torrejón, asesor legal de la familia del menor asesinado, reveló recientemente que con el avance de las investigaciones se ha comprobado que el exfuncionario mintió en sus declaraciones públicas, pues por una parte no hubo pruebas de la existencia del grupo armado y por otra hay evidencias de que la fiesta tuvo una motivación “etílica y sexual” en la que hubo menores de edad.