TOLUCA (apro).-  La Secretaría y Procuraduría estatal del Medio Ambiente y la Fiscalía de Justicia mexiquense desacataron el exhorto de la Legislatura para detener, investigar y sancionar el ecocidio cometido en la colonia El Dique de Ecatepec con la construcción de la autopista Siervo de la Nación, obra concesionada por el hoy ex gobernador Eruviel Ávila. Por esta razón, los vecinos solicitaron al gobierno federal indague la duplicidad del costo de la obra (pasó de 4 mil 200 a 8 mil millones de pesos) y frenar los trabajos de la vialidad, pues devastaría más de 250 árboles que son de los pocos pulmones de la localidad. En 2013, el priísta anunció el arranque de la obra carretera de 14 kilómetros, de Avenida Gran Canal hacia Venta de Carpio, obra que –afirmó– tendría un costo de 4 mil 200 millones de pesos, pero de acuerdo a un video de la empresa constructora Mota Engil, el precio será de 8 mil millones de pesos. Además, la empresa pretende retirar 250 árboles en El Dique y ya desalojaron a 15 familias, mientras los habitantes de dos viviendas se han negado a retirarse a pesar de las amenazas e intimidaciones recibidas porque, aseguran, no existe ningún decreto expropiatorio. “La empresa quiere devastar toda la zona, no lo permitiremos porque son árboles que con tanto sacrificio plantamos para la ecología y tenemos un huerto urbano que instaló la Universidad de Chapingo con jitomate, maíz, cilantro, chile, acelga, alfalfa, calabaza y zarzamora”, advirtió José Juan Barrera Andrade, poblador de la colonia desde hace 62 años. Rosa Irene Barrera explicó que desde el anuncio de las obras han solicitado información del proyecto carretero, el plano técnico de afectaciones, el decreto expropiatorio y la manifestación de impacto ambiental, pero se las han negado y llevan cinco años luchando para evitar que sean destruidas sus viviendas. Desde entonces, indicó que han padecido intimidación por parte de funcionarios estatales y municipales y encargados de la obra; apenas hace unos días acudió Jesús Luis Ignacio Zendejas Osorio, director general de Gobierno Región Ecatepec, con un grupo de empleados para hacer mediciones. José Manuel Marmolejo Delgado, integrante de la Asociación Amigos del Albarradón A.C., señaló que la constructora Mota Engil arrasó también con patrimonio histórico de 1880 (una antigua prisión y Casona construidas en el gobierno de Porfirio Díaz), por lo que pidieron la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que sancione a la empresa por violación a la Ley Federal de Monumentos Históricos. Los vecinos pidieron al gobierno federal intervenga para evitar la destrucción de la zona arbolada e investigar las supuestas anomalías en el proyecto, pues además la constructora pidió ampliar la concesión de 27 a 46 años. “Todo fue manipulado para que lo patrocinara el Nuevo Aeropuerto que se canceló, ahora quieren llevarla a cabo a como dé lugar, pero dejó de ser un proyecto sustentable y viable, y al final la concesión la vamos a terminar pagando los ciudadanos porque la van a operar por más de 45 años”, lamentó Barrera Vázquez. A principios de abril, a través de un punto de acuerdo promovido por la morenista Azucena Cisneros, la Legislatura mexiquense pidió, por unanimidad, detener y sancionar el derribo de árboles con la construcción de la autopista. “Fue una obra anunciada en 2013 por el ex gobernador Eruviel Ávila… que genera problemas a vecinos de San Miguel Xalostoc por el constante peso de maquinaria que ocasiona daños en avenidas y banquetas y el riesgo de desbordamiento del Gran Canal”, alertó. Su correligionario Gabriel Gutiérrez Cureño además se pronunció por realizar una mesa de atención y diálogo entre el ayuntamiento de Ecatepec; el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM); y la Secretaría de Ecología para frenar el daño ambiental, mientras el también morenista Max Correa pidió agregar al exhorto a la Secretaría de Comunicaciones. No obstante, a la fecha no se ha atendido el llamado.