TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- Cuatro empleados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ofrecieron una disculpa pública al periodista independiente Augusto López Velasco, después de que un juez federal en el Estado de México admitiera su reconocimiento de responsabilidad por el delito de abuso de autoridad al agredirlo en 2017 cuando pretendía ingresar a un evento de la máxima casa de estudios. Tras un acuerdo de reparación alcanzado con motivo de la investigación penal relacionada con el expediente OEMA/CP/MEX/TOL/613/2018-26/19, Jorge Luis Martínez Reyes, Francisco Javier Peña Durán, Juan José García González y Arturo Torres Altamirano reconocen que, en su calidad de empleados de la Universidad, se excedieron en sus funciones e impidieron la labor del reportero. En su carta de disculpas, Martínez Reyes incluso indica que el director de Atención a Medios de la Universidad, Francisco Muñoz Nabor, le instruyó para no permitir su ingreso al recinto. Los hechos que se imputan a los empleados ocurrieron el 21 de abril de 2017, cuando el periodista pretendió ingresar al Aula Magna de la Rectoría Universitaria para dar cobertura al encuentro que Juan Zepeda, entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno del Estado de México, sostendría con estudiantes de la máxima casa de estudios. Siete servidores adscritos a la Universidad le impidieron el ingreso al recinto y lo agredieron físicamente. Por esta razón, el Ministerio PúblicoFederal (MPF) obtuvo la vinculación a proceso en su contra por delitos cometidos contra la libertad de expresión. En un video grabado el día de los hechos y publicado en redes sociales por el periodista agredido, Muñoz Nabor aparece refiriendo que Augusto López no representa un medio de comunicación, sino sólo una red social; en tanto, el reportero asegura que se acreditó como medio independiente en tiempo y forma para el evento. También se observa cómo en el resto de los casos, estudiantes y ciudadanos ingresan al edificio sin ninguna dificultad. En audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Toluca el 8 de mayo, el juez federal competente además determinó que los imputados deben prestar servicio a la comunidad de cinco horas por semana, durante seis meses; residir en un lugar fijo durante el mismo plazo; respetar a la víctima y no acercársele o molestarlo. El proceso penal de la causa en contra de los otros tres imputados por la probable comisión del delito de abuso de autoridad continúa vigente y se determinará sobre su responsabilidad una vez que se fije fecha para la continuación del proceso.