Gobierno de Colima niega haber recibido como donativo instalación militar; pagó 493.5 mdp

miércoles, 15 de mayo de 2019 · 21:54
COLIMA, Col. (apro).- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez aseguró hoy que su administración pagó 493 millones 500 mil pesos a cambio de las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar; comentó que el asunto “se malinterpretó” porque el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) dio a conocer información incompleta, al señalar únicamente que se trató de una donación a título gratuito. Peralta indicó que el gobierno estatal cuenta con la documentación y todas las evidencias para demostrar las transferencias financieras con montos y con fechas, que “deben embonar o empatar con lo que el propio convenio establece… tenemos todas las transferencias bancarias financieras y las podemos poner a disposición del público en general sin ningún problema”. En marzo pasado, la periodista Heidi de León Gutiérrez, del diario Avanzada, solicitó a la Sedena “copia del acuerdo en el cual la Sedena le entregó al gobierno de Colima el terreno denominado Campo Militar 20-A Manuel Álvarez, ubicado en avenida Pedro A. Galván número 502 colonia Centro, municipio y estado de Colima, con registro federal inmobiliario número 611333 y cuánto dinero económico recibió la Sedena por parte del gobierno de Colima por la adquisición de este terreno”. En respuesta, el 27 de marzo de este año, la dependencia federal señaló a través del general Jorge Ramírez Zúñiga: “Se hace de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaría, no se localizó evidencia documental que atienda su requerimiento” e invocó el criterio 07/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), donde se establecen los casos en que no es necesario que se confirme formalmente la inexistencia de la información. Así también, la Sedena remitió a la solicitante al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), “por ser un asunto de su competencia”, instancia que a su vez respondió que la entrega de las instalaciones militares al gobierno estatal se trató de una donación a título gratuito. El asunto generó un escándalo en la entidad porque, a finales de septiembre del año pasado, el gobernador solicitó autorización para pedir un crédito de 200 millones de pesos para la adquisición del inmueble que albergó a la XX Zona Militar. En su rueda de prensa de este día, el gobernador responsabilizó al Indaabin de no haber entregado la información completa sobre la operación, en su respuesta a la solicitud vía ley de transparencia, pues únicamente informó lo relativo al inciso A del convenio entre el gobierno estatal y la Sedena, donde se habla de la donación a título gratuito. Expuso Peralta: “Si se lee solamente un inciso, entonces no se tiene clara la integralidad de la operación y pudiera malinterpretarse (…); el problema es que el Indaabin no menciona en su respuesta lo que dice el inciso B: que la recepción a título gratuito de ese terreno estaba condicionada a que el gobierno del estado entregue la cantidad dineraria que resulta del avalúo que el propio Indaabin hace de lo que vale ese terreno y que ahí se establece con pesos y centavos con toda claridad”. Con base en lo anterior, dijo el mandatario, el gobierno estatal donó a la Sedena un terreno en la comunidad Loma de Fátima y entregó 493 millones 500 mil pesos para la construcción de las nuevas instalaciones militares. Peralta aseveró que el crédito de 200 millones de pesos únicamente fue para complementar la cantidad económica que se debía entregar a cambio de las antiguas instalaciones del Ejército. El titular del Ejecutivo puntualizó que en el acuerdo se establece un intercambio de donaciones, ya que el Indaabin donó a título gratuito el terreno y el Gobierno donó a la Sedena la cantidad de dinero que resultó de los avalúos. —¿Por qué razón se optó por donaciones mutuas, pudiendo haber realizado una operación de compraventa normal? —se le cuestionó al gobernador. —Si se hubiera llevado a cabo por parte del gobierno federal la desincorporación de ese terreno a través de una compraventa y no de una donación, hubiera tenido que hacerse una licitación pública abierta, en donde el gobierno del estado hubiera sido un participante más en este proceso de licitación, que no garantizaba que fuera adjudicado a nosotros, con el riesgo de que si ofrecía mejores precios un desarrollador de vivienda, entonces esto, en lugar de ser algo que los ciudadanos van a decidir qué hacer, sería una bonita colonia con unas cinco mil casas más o menos. Peralta Sánchez insistió en que no existen operaciones fuera de lugar en torno a la adquisición del bien inmueble de la exzona militar, pues “el pago sí se realizó y así queda demostrado con el convenio suscrito entre Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional”. Explicó que el acuerdo de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Sedena inicialmente no se envió a los expedientes manifestados, a petición de la dependencia federal, que estableció su confidencialidad en la cláusula novena del acuerdo, pero este día instruyó a la Secretaría General de Gobierno a hacer público el documento y enviarlo para su integración con los dos expedientes que ya obran en espacios públicos, uno de ellos en el Archivo Histórico del Estado y el otro en el Congreso del Estado, adonde comparecerá este jueves a explicar a los diputados el proceso de adquisición del inmueble militar.

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