COLIMA, Col. (apro).- En el contexto de actos de violencia protagonizados por miembros de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), el Congreso del Estado reformó la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima para, entre otras cosas, quitar a esa organización poder político al retirarle el monopolio de los descuentos del transporte público. Después de una jornada álgida, en la que enardecidos militantes del grupo estudiantil tomaron el salón del pleno e interrumpieron la sesión legislativa, forcejearon con agentes de la Policía Estatal y propinaron empellones a trabajadores del Congreso, los diputados continuaron en una sala privada anexa la discusión del dictamen, que anoche fue aprobado por mayoría. [video width="640" height="352" mp4="https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/05/VID-20190516-WA0049.mp4"][/video] Desde hace más de cuatro décadas, la FEC ha sido trampolín político de personajes que han ocupado los principales puestos en la Universidad de Colima y, en alianza con el PRI, han accedido a diversos cargos de elección popular, incluida la gubernatura del estado. En su parte medular, la reforma aprobada en materia de movilidad dispone el descuento universal en transporte público colectivo a estudiantes desde nivel primaria hasta posgrados, adultos mayores y personas con discapacidad, haciendo válido el descuento con cualquier credencial emitida por la Secretaría de Educación Pública y, en su caso, otras autoridades. El dictamen aprobado establece que para hacer válido el descuento a las personas usuarias beneficiadas por dicho descuento, será optativo para el usuario el empleo de tarjetas de prepago o el pago en efectivo, que deberá garantizarse sólo con el hecho de exhibir una credencial emitida por autoridad competente, ya sea para la tercera edad, de discapacidad o de estudiantes. En la iniciativa presentada por el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Vladimir Parra Barragán, y otros legisladores de ese partido, se expuso que la demanda para que se otorgue el descuento del 50% en el transporte público sin intermediarios no es nueva, pues “distintos movimientos estudiantiles en el estado han hecho planteamientos al respecto, acusando de prácticas clientelares y de conveniencia política a la única organización en el estado que vende boletos de descuento y que otorga una tarjeta de prepago: la Federación de Estudiantes Colimenses”. El poder político de la FEC El documento sostuvo que siendo la FEC el único ente en ofrecer los boletos y tarjetas de prepago y, por ende, el descuento a estudiantes en el transporte público, ha sido obligado para la población estudiantil afiliarse a esa organización, dando pie a que se le utilice para fines políticos, dejando al estudiantado en la incertidumbre y vulnerabilidad. Además, “no existe un informe que transparente las ganancias que la FEC obtiene a raíz de la emisión de credenciales”, por lo que “se vuelve necesario que las y los estudiantes no estén obligados a afiliarse a alguna organización estudiantil, ni a comprar una credencial que los acredite como estudiantes para acceder al descuento, ya que éste debería hacerse válido con el simple hecho de contar con una credencial emitida por su plantel educativo”. El dictamen argumentó que acceder al descuento en transporte sin necesidad de un intermediario es posible, pues “está el caso del estado de Jalisco, en donde los estudiantes necesitan solamente acercarse a un sitio en donde vendan los boletos y presentar la credencial vigente de cualquier institución educativa, sea pública o privada”. Las reformas a la ley de movilidad incluyeron así también la derogación de varios artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde antes de las siete de la mañana del jueves, militantes de la FEC encabezados por su presidente, Joel Nino, se introdujeron al salón de sesiones del Congreso e instalaron en los pasillos algunas casas de campaña y posteriormente estudiantes en su mayoría del nivel bachillerato provenientes de varios municipios del estado llenaron el área de butacas. Casi al mediodía, el oficial mayor del Congreso del Estado, Eligio Aldama Morales, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra los líderes del movimiento, quienes “irrumpieron con violencia” y tomaron el salón de sesiones, incluida la tribuna. A la vez, dirigentes de concesionarios del transporte público cerraron la Calzada Galván y también se manifestaron en el interior del Congreso, en apoyo a los miembros de la FEC. Sin mencionar abiertamente su disgusto por perder el monopolio de los descuentos, los dirigentes de la organización estudiantil pedían que se detuviera la presentación del dictamen hasta que se realizaran foros para analizar el establecimiento del 100% de descuento en transporte, en tanto que los transportistas señalaron que estaban dispuestos a otorgarlo, pero pedían un subsidio de parte del gobierno estatal. Sin embargo, el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, quien se encontraba en reunión con los diputados, declaró que su gobierno no contaba con recursos para destinar alrededor de 400 millones de pesos al año que pedían los transportistas.