CHILPANCINGO ,Gro.(proceso.com.mx).- Un grupo de mujeres indígenas desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa y que forman parte de la organización armada denominada Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (PCPF), lanzaron un grito de auxilio al gobierno federal ante la situación de violencia que se vive en la región Centro de la entidad. A través de un video difundido en redes sociales donde se exhiben portando rifles y escopetas de bajo calibre, las víctimas responsabilizaron directamente al grupo delictivo Los Ardillos que lidera la familia del diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez. También, reprocharon la omisión de la administración de Héctor Astudillo Flores, quien se ha limitado a entregar dádivas como despensas y colchonetas a los desplazados. Estas mujeres procedentes del poblado de El Paraiso de Tepila y que permanecen refugiadas desde diciembre pasado en Rincón de Chautla, son madres de los niños que la semana pasada enviaron un primer mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador portando “armas” de palo y realizando ejercicios militares para anunciar su incorporación a la policía comunitaria. Al respecto, la comandanta Rosaura de la CRAC-PF de Paraíso de Tepila, advirtió que además de sus hijos, mujeres de 17 comunidades de los municipios de Chilapa y Hueycantenango, están adquiriendo entrenamiento militar para confrontar al grupo delictivo de Los Ardillos que opera impunemente. Ello debido a que los líderes de la banda afincada en el poblado de Tlanicuililco, municipio de Quechultenango advirtieron que “van a exterminar” a los indígenas nahuas de esta franja de la entidad. [video width="640" height="352" mp4="https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/05/WhatsApp-Video-2019-05-18-at-9.55.45-AM.mp4"][/video] “Nuestros hijos y las mujeres se preparan por si nos matan a nosotros los hombres entren ellos a defender los pueblos”, expresó el coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna. La difusión de estos videos con el grito desesperado de mujeres y niños desplazados por la violencia, han sido criticados y minimizados por las autoridades estatales que advirtieron esta semana que “los usos y costumbres de los pueblos indígenas no justifican la incorporación de los niños a las funciones de policías y que las madres por ser personas adultas, son responsables de sus actos”. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para exigir al gobierno estatal y federal, “salvaguardar la seguridad y los derechos de los niños” en esta zona controlada por la delincuencia. Por su parte, el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Christian Skoog afirmó este jueves 16 en Acapulco que la violencia y pobreza afectan a la infancia de esta entidad donde los niños dejan las aulas para convertirse en buscadores de vida en fosas clandestinas, otros son reclutados por el narco para ser sicarios y algunos se convierten en policías comunitarios para enfrentar a la delincuencia. Por ello, Skoog urgió a trabajar en la prevención de los delitos y promover la permanencia de los niños y adolescentes en las escuelas de nivel básico. Las demandas Los miembros de la CRAC PF, entre ellos los niños y mujeres milicianos,  informaron que esta semana entregaron un pliego petitorio a representantes del gobierno estatal donde demandan obra social y garantías de seguridad para el desarrollo integral de la población ubicada en el triángulo del narco que conforman los municipios de Quechultenango; Chilapa y Hueycantenango. Entre las peticiones destacan, 200 viviendas para Rincón de Chautla y Zacapezco y la pavimentación de un tramo de 5 kilómetros que une ambos poblados. Así como la construcción de un aula escolar y un maestro para las mismas comunidades. Sobre el tema de seguridad, demandaron retenes militares en los cruceros de Tula, El Jagüey, Atzacoaloya, Puente Alto y Cerro Partido hasta llegar a la cabecera municipal de Chilapa para que los ciudadanos puedan transitar libremente. Ello debido a que esta ruta es controlada por células delictivas al servicio del grupo de Los Ardillos y los pueblos adheridos a la CRAC PF, no pueden circular por la zona por temor a ser ejecutados o desaparecidos, indicaron.