SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Después de casi cinco años, finalmente se resolvió la demanda de justicia para una familia de jornaleros agrícolas del pueblo Ñuu Saavi que sufrió un accidente carretero en el Altiplano potosino. La tarde del 3 de julio de 2014 volcó en la carretera México-Piedras Negras una camioneta de redilas sin placas, en la que se trasladaban 42 personas. Fallecieron tres menores y 18 personas resultaron heridas. Jesús Zárate, propietario del rancho “El Ebanito” para el que trabajaban los jornaleros, quienes fueron abandonados y despedidos cuando convalecían en el hospital, deberá pagar las indemnizaciones correspondientes, incluida la de uno de los fallecidos, de acuerdo con el fallo del Tribunal Colegiado de Circuito en materia del Trabajo de San Luis Potosí. Guillermo Luévano Bustamante, quien participó en la defensa de los jornaleros a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informó que la sentencia del Tribunal Colegiado fue emitida el pasado viernes 10, y la Junta de Conciliación deberá dictar un nuevo laudo que obligue al patrón a pagar las indemnizaciones correspondientes. El Tribunal resolvió un juicio de amparo que fue interpuesto de manera conjunta por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Respuesta Alternativa A.C. y la Unión Nacional de Jornaleros Agrícolas. En febrero de 2018 la Junta Especial 2 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Matehuala absolvió al empresario de cubrir las indemnizaciones tras el accidente, razón por la que una de las familias de jornaleros recurrió al amparo. Durante sus comparecencias ante la Junta Especial, Jesús Zárate negó ser el patrón de las familias afectadas e incluso rechazó ser el propietario del rancho “El Ebanito” donde laboraban, pese a que se encuentra registrado y fue el sitio en el que el propio empresario recibió las notificaciones para presentarse a la Junta. Además, el patrón ofreció a los jornaleros lesionados indemnizaciones mínimas, que presuntamente fueron validadas por personal del gobierno del estado. En su momento, el Centro Tlachinollan denunció que las víctimas no contaron con un intérprete y la garantía de que se les explicaran sus opciones legales, mientras que Ricardo Sánchez, del Centro Samuel Ruiz, expuso que la autoridad de la Junta Especial alargó el proceso y acusó una conducción sesgada en el caso.