ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex (apro).- El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, dictó sentencia absolutoria a seis de los ocho comuneros de Salazar, Lerma, detenidos por defender sus tierras. La juez consideró que la parte acusadora no consiguió echar por tierra el principio de presunción de inocencia de los señalados, además de que los testimonios del Ministerio Público fueron insuficientes para sustentar la carga de la prueba por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo con la modificativa de haberse cometido con violencia. En las próximas horas, después de realizar los trámites respectivos, quedarán en libertad Cutberto Vilchis García, representante de la Bienes Comunales, así como Fermín Esquivel Rojas, Daneyra y Yuriko Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Miguel Ángel Vilchis García. Los otros dos comuneros, Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas, fueron acusados de lesiones y están en proceso de suspensión condicional. De acuerdo con el expediente 13/2019, los comuneros fueron acusados de retener –el 30 de septiembre de 2016-- al abogado Mario Alberto de Léon Venegas y a los expolicías Natalia Miguel Marín y Juan Carlos Ríos Soto, quienes aseguraron que aquellos utilizaron la violencia para quitarles dos teléfonos celulares y un bolso de mano. Sin embargo, la juez advirtió que no hay eficacia probatoria en los elementos ofrecidos por la Fiscalía, mientras que las declaraciones de las víctimas y sus testigos se apartan de la verdad, además de que no fueron soportadas con otros elementos de prueba y, por tanto, se vinieron abajo cuando se contrastaron con las pruebas de los comuneros. El día de los hechos, De León Venegas habría contratado a varias personas para tirar el sembradío del señor Miguel Ángel Vilchis García y cercar su terreno ubicado en La Cima, paraje de la comunidad de Salazar, pero los vecinos reaccionaron y se reunieron en demanda de explicaciones. Cuando se ponían de acuerdo para garantizar la reparación del daño, Natalia Miguel proporcionó un arma de fuego a quien se identificó como Marcos “H”, quien realizó tres detonaciones. Los pobladores trataron de contenerlo, pero se dio a la fuga. Por el contrario, desarmaron a Juan Carlos Ríos Soto, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por portación de arma de fuego, pues si bien ya habían arribado al lugar policías municipales y estatales, ninguno actuó, y los vecinos no confiaron en su imparcialidad. No obstante, la denuncia entablada en contra de esta persona nunca procedió y a la fecha no hay avances, pero sí proliferó la promovida por De León Venegas en contra de los comuneros. Durante la audiencia, la juez evidenció que en ninguno de los videos expuestos como prueba por las dos partes se muestra que las víctimas fueran privadas de la libertad, puesto que se les ve deambulando por el terreno, platicando y realizando llamadas telefónicas. Tampoco se acreditó que les robaran sus pertenencias, ni que los vecinos reaccionaran de manera violenta. Los certificados médicos y testimonios que mostraron las víctimas no asientan que, derivado de los hechos, alguno fuera lesionado o presentara rastro de las ataduras con las que supuestamente fueron sujetados. Además, resulta ilógico pensar que, de haberse cometido algún delito, los policías presentes en el lugar no hubieran actuado. Y quienes se dicen víctimas en ningún momento les manifestaron haber sufrido algún delito, apuntó la juez. Indicó que, en sentido opuesto, la denuncia contra los comuneros derivó de un conflicto de intereses de De León Venegas por la disputa de las tierras, pues pretendía venderlas a un comprador del que nunca se reveló su identidad. Posteriormente, Neftalí González, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, anticipó que para los dos comuneros que aún se encuentran sujetos a proceso se buscará ampliar los beneficios del caso, pues se basó en los mismos hechos, con la finalidad de que resulten absueltos. También indicó que con los seis comuneros suman 32 los presos políticos o de conciencia que han sido liberados como parte de los objetivos del actual gobierno federal.