ENSENADA, B.C. (apro).- Los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Baja California, Mexicali, Tijuana y Ensenada, pidieron a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver antes del miércoles 29 el juicio de revisión constitucional electoral que determinará de cuántos años (dos o seis) será la próxima gubernatura. Lo anterior, para dar certidumbre electoral, preservar el principio de libre configuración legislativa local y hacer respetar la norma constitucional vigente en Baja California sobre el periodo de gobierno que se elegirá el próximo 2 de junio. El pronunciamiento de los empresarios fue difundido este mediodía. Y la misma petición hizo ayer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, durante su visita al Instituto Estatal Electoral a la entidad (IEEBC). Córdova lamentó que a unos cuantos días de que se realice la votación para renovar todos los poderes del estado, exista total incertidumbre sobre el tiempo que deberá permanecer en el cargo el gobernador que sea elegido. “No es un problema menor. Se trata de un debate judicial lamentable que se debe sanear con celeridad y claridad. La certeza de la jornada electoral la damos los órganos electorales, pero es lamentable que no exista claridad en un asunto tan fundamental (…) Por salud de la elección y por claridad y certeza para los electores, esta controversia no debe prolongarse por más tiempo”, indicó en una reunión con el Consejo General del IEEBC. Este mediodía hoy los presidentes de la Coparmex de Baja California, Mexicali, Tijuana y Ensenada, Armando León Ptacnik, Ernesto Elorduy Blackaller, Roberto Rosas Jiménez y Marco Navarro Steck, respectivamente, dieron a conocer un posicionamiento sobre el tema, donde establecieron que el TEPJF debe velar por la certidumbre democrática en el estado. También externaron su preocupación por “las reiteradas versiones sobre los encuentros en Palacio Nacional entre el abogado del candidato Jaime Bonilla Valdez, a cargo de la impugnación, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, sobre todo por la relación afectiva y política del hoy candidato gubernamental con el titular del Poder Ejecutivo, y las virtuales presiones que se dice estarían haciéndose sobre algunos de los integrantes del TEPJF para resolver el juicio concediendo el alargamiento de la gubernatura”. Antes recordaron que el Tribunal Estatal Electoral determinó, el pasado miércoles 8, modificar el plazo constitucional del periodo de gobernador de dos a seis años, “a través de interpretaciones inconsistentes y jurídicamente insostenibles” que, subrayaron, atendieron “obsequiosamente la petición de un candidato a la gubernatura –la de Jaime Bonilla Valdez, de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California-- para triplicar de forma repentina la duración del periodo de la próxima gubernatura”. Añadieron: “Para los ciudadanos resulta inadmisible que habiendo iniciado un proceso electoral y encontrándose los candidatos en campaña, una sorprendente resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) pueda pasar por encima de la Constitución Política del Estado.” Es la segunda ocasión en el mismo proceso electoral, recalcaron, que extrañamente el TEE “pretende alargar con sus inauditas resoluciones dicho período gubernamental, por lo que dos de los magistrados que aprobaron mayoritariamente ambas resoluciones hoy se encuentren sujetos a juicio político.” Según los empresarios, “es claro que la reclamación del candidato Jaime Bonilla Valdez fue presentada de forma extemporánea, razón que debería ser suficiente para que su demanda para la ampliación del período de la gubernatura fuere desechada”. Y recordaron que el TEPJF emitió hace unas semanas la resolución SUP-JRC-05/2019, donde determinó que, conforme a la Constitución local, el próximo período de la gubernatura de Baja California debe ser de dos años. “Por eso esperamos que el proyecto que habrá de presentar a sus colegas el ponente, Felipe Puente, sea congruente y consistente con los criterios que han adoptado en el órgano jurisdiccional federal”, remataron.