CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante acusaciones que involucran a un funcionario de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas en el cobro de la recompensa y de fabricar culpables, familiares y defensores de los implicados en el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso. En conferencia de prensa, el abogado Gabriel Regino sostuvo que el pasado martes 21 David Mejía Bravo, uno de los acusados de participar en el homicidio del periodista, presentó una denuncia penal contra el director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio de la PGJ, Natanael Castelán, por detener a personas inocentes y cobrar una recompensa de dos millones de pesos que se ofrecía por los responsables del asesinato de Domínguez Rodríguez. Acompañado del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, de familiares de los periodistas Luis Ignacio Valtierra y Jesús González Zúñiga, así como de Rodolfo Cantú García, acusado del crimen, Regino expuso que otro de los coacusados, David Mejía Bravo, reveló ante autoridades estatales una trama para cerrar el caso e implicar a Cantú García, familiar del expresidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, quien pretendía postularse una vez más a la alcaldía de la ciudad fronteriza. Según el abogado, el martes 21 Mejía Bravo aseguró que fue involucrado junto con Adrián Montes Fernández --ambos radicados en Zacatecas-- en el homicidio del periodista, por su conocido Carlos Yánez, quien había sido cliente de Natanael Castelán en un caso de secuestro desahogado en Tlaxcala en 2015. Supuestamente ante la presión ciudadana de encontrar a los responsables del homicidio de Domínguez Rodríguez, ocurrido en enero de 2018, Castelán se comunicó con Yáñez para ofrecerle “un negocio” para que involucrara a dos personas en el crimen del periodista y cobrar la recompensa de 2 millones de pesos que ofreció el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Según el testimonio de Mejía, Yáñez lo buscó para hacerse pasar como responsable, al tiempo que involucró a Adrián Montes, sin que éste tuviera conocimiento del “negocio”. Yáñez se presentó en marzo de 2018 a firmar como testigo protegido e involucrar a los periodistas Luis Ignacio Valtierra, Jesús González Zúñiga y Gabriel Garza, quien murió en reclusión, así como a Rodolfo Cantú García, Mejía Bravo y Montes Fernández, arrestados en Guadalupe, Zacatecas. De acuerdo con Gabriel Regino, pasado un año de no cumplirse el trato de Castelán de compartir la recompensa y liberarlo seis días después de la detención, David Mejía “denunció ante la Procuraduría de Tamaulipas a su director Natanael Castelán de fabricación de culpables”. Hasta ahora, la PGJ no ha pedido la ratificación de la denuncia, por lo que el abogado demandó “la intervención del gobierno federal para que se investigue de manera imparcial la denuncia, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que otorgue medidas de protección inmediatas y suficientes para salvaguardar a Rodolfo Cantú García, Luis Ignacio Valtierra Hernández, Jesús González Zúñiga, David Mejía Bravo y Adrián Montes Fernández”, acusados del homicidio del periodista. El abogado de los acusados destacó que el próximo 31 de julio se llevará a cabo el juicio oral sobre el caso, en el que se pondrá en evidencia “la fabricación de culpables con intereses políticos y de corrupción, (porque) se inventaron culpables para cobrar 2 millones de pesos”. Al señalar que la única prueba que hay en el expediente son los testimonios falsos y la aceptación de los mismos por parte de los periodistas, quienes habrían sido torturados, Gabriel Regino, Raymundo Ramos y las familias de los detenidos responsabilizaron al gobernador de Tamaulipas de lo que pueda ocurrir a los acusados.