Coordinador de campaña de Morena en BC es funcionario federal, acusa el PRD
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las denuncias por irregularidades de Morena en Baja California, continuaron hoy, luego de que la dirigencia nacional del PRD, denunciara que el coordinador de campaña del candidato a gobernador de Morena, Jaime Bonilla, es funcionario federal.
Conforme a la acusación presentada hoy ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), se trata de Alfonso Rafael Leyva Pérez, coordinador de la mencionada campaña y quien según el PRD, es al mismo tiempo es funcionario de la Coordinación Nacional de Prospera y del programa de Inclusión Social de la secretaría del Bienestar.
“Tenemos las pruebas donde se establece que este personaje durante todo el proceso electoral fue funcionario público cobrando en el gobierno federal y al mismo tiempo, operaba como coordinador de campaña, violando la equidad en el proceso”, denunció el delegado perredista en Baja California, Ángel Ávila Romero.
Leyva Pérez, fue hasta hace unos meses “superdelegado” en Baja California, donde mañana se elegirá gobernador, ayuntamientos y congreso local, un proceso en el que según el PRD, se están utilizando padrones y recursos de programas sociales federales por lo que se viola la legalidad del proceso.
El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Camerino Vázquez, adelantó que siguen documentado irregularidades con el propósito de solicitar la nulidad de la elección debido al uso de recursos públicos en los comicios.
Baja California es la entidad cuyo proceso electoral corre mayor riesgo de resolverse en tribunales, debido a las diferentes denuncias interpuestas por los partidos opositores a Morena cuyo candidato es señalado de participar activamente en la política estadunidense hasta hace poco, así como por la intentona de ampliar el período de dos años (conforme a la ley) a seis años.
De acuerdo a Camerino Vázquez, la actitud de Morena en el desarrollo del proceso electoral no abona a un proceso de legalidad, certeza y equidad que exige la ley.