PUEBLA, Pue. (apro).- Los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y Carlos Meza Gutiérrez pidieron a la embajada alemana en México que dé seguimiento a la denuncia presentada ante el Congreso local por presuntos actos de corrupción cometidos durante la instalación de la planta automotriz Audi en la entidad. En un escrito dirigido al embajador alemán Peter Tempel, los denunciantes piden su participación para que la denuncia “se siga con plena sujeción a la ley”. “De suerte y manera tal que, de encontrarse la firma automotriz alemana Audi libre de toda conducta ilícita, pueda gozar plenamente del buen nombre que le asiste, o bien, en caso contrario, se tomen medidas que al efecto se establecen en la legislación alemana tendientes a sancionar las prácticas fuera de la ley de las firmas germanas en el extranjero”, expone el oficio. La denuncia, presentada la semana pasada en el Congreso local, se refiere a supuestos actos de corrupción cometidos por el exgobernador Antonio Gali Fayad en el tiempo que se desempeñó como secretario de Infraestructura en la administración del fallecido Rafael Moreno Valle. El abogado constitucionalista Alberto Peralta Merino, quien representa a los ciudadanos demandantes, explicó que en noviembre de 2012, cuando Gali Fayad era secretario de Infraestructura, se asignó por adjudicación directa la construcción de la plataforma donde se instaló la automotriz Audi, en el municipio de San José Chiapa, por un monto de mil 800 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia, Gali simuló un concurso de licitación, que se declaró desierto, para después adjudicar directamente la obra a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe SA de CV (Codesa), que estuvo representada por Eduardo Álvarez Rodríguez, quien resultó ser chofer de tráiler. Peralta Merino indicó que en violación a lo que establece la legislación poblana en la materia, la primera licitación para la construcción de la plataforma, pese al elevado monto de la inversión, se realizó por invitación a tres empresas constructoras, y finalmente ese procedimiento se declaró desierto. Inmediatamente después, agregó, el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, asignó la obra de manera directa a Codesa, en una decisión amañada y corrupta, pues además de ser un proceso ilegal, la empresa era desconocida para el gremio de constructores de la entidad. Además, indicó, en el contrato firmado por el gobierno estatal y la contratista no se incluye el domicilio de la empresa, que después se supo radicaba en Querétaro, antes de llegar a Puebla, en el gobierno de Moreno Valle. Codesa fue la contratista de la primera mega obra realizada por el gobierno de Moreno Valle, el Viaducto Zaragoza --que requirió una inversión de 550 millones de pesos--, además de otro puente elevado en el Boulevard Valsequillo, en el que se gastaron 311 millones de pesos. Esas dos obras presentaron problemas porque se vinieron abajo en el proceso de construcción. Y la empresa fue denunciada por sus trabajadores en 2013, ya que despidió alrededor de 400 personas sin pagar las prestaciones de ley. En ese momento los despedidos denunciaron que durante el tiempo que laboraron en la plataforma Audi, se cometieron violaciones a sus derechos laborales porque no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y eran sometidos a horarios infrahumanos, maltratos y humillaciones, que incluso ocasionaron muertes en la zona de trabajo.