MÉRIDA, Yuc. (apro).- Directores de diversos planteles del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) denunciaron el despido injustificado de más de una treintena de compañeros, algunos con antigüedad de más de dos décadas. Los puestos fueron asignados a panistas sin trayectoria previa en el ámbito educativo, pero que sirvieron en la campaña proselitista del gobernador Mauricio Vila Dosal, aseguraron. Gabriel Villamil, quien durante 16 años fungió como director del plantel Tecoh, explicó que el Cobay opera en la entidad --con financiamiento federal y estatal-- 60 planteles de educación presencial y 12 de educación a distancia. Sin embargo, a pocas semanas de que Vila Dosal asumió la gubernatura, la dirección general del Cobay, que quedó a cargo del exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Pasos Tec, emprendió un barrido en las direcciones de los diversos planteles del subsistema, subrayó. Detalló que a Pasos Tec, quien llegó al cargo sin experiencia en materia educativa, se le vincula con un grupo de élite al interior del PAN identificado como “La Secta”, que exigió posiciones al gobierno de Vila Dosal para ellos y sus familiares. Así, entre el 13 y el 23 de noviembre pasado, y “en forma grosera”, fueron despedidos injustificadamente 32 directores de planteles. Para el 24 de ese mes, agregó, estaban programados los exámenes de permanencia a los que obligaba la Ley del Servicio Profesional Docente para poder continuar en sus cargos por un período de cuatro años más. Villamil, quien fue despedido el 23 de noviembre, comentó que por información filtrada de la propia Dirección General del Cobay, se enteraron de que “Marco Pasos trató infructuosamente de que México nos negara el derecho de presentar nuestro examen”. “Pero como la razón y la ley estaban de nuestro lado, el 24 de noviembre del año pasado acudimos a la Facultad de Matemáticas a presentar nuestra evaluación de conocimientos y el personal del Servicio Profesional Docente nos entregó los exámenes”. El pasado 31 de mayo les notificaron los resultados y “la gran mayoría, el 98 por ciento, aprobó la evaluación, lo que nos hace idóneos para ocupar el puesto de director”, es decir, ganaron el derecho de permanecer cuatro años más al frente de sus planteles. Explicó que por lo menos 28 de los 32 directores afectados demandaron al Cobay por despido injustificado y exigen su reinstalación. Los otros cuatro negociaron o fueron reinstalados en sus plazas de coordinadores que tenían antes de asumir la dirección. Mencionó que las personas despedidas tenían entre seis y 28 años como directores de plantel. Y comentó que no hubo más despidos porque los afectados hicieron pública la situación. “Entre los directores despedidos se encontraba el ingeniero Juan Lizama Sánchez, que a seis meses de su jubilación fue despedido del subsistema, en uno de los casos más injustos”, destacó. Y mencionó que los afectados ahora no sólo exigen el pago de la liquidación que por ley les toca por los años trabajados, sino que demandan se les reinstale en sus puestos por los cuatro años que les corresponde tras haber aprobado la evaluación de permanencia. No obstante, añadió, Pasos Tec se ha negado a atenderlos. Señaló que, además de su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, expusieron su caso ante el gobierno estatal y el Congreso local, e incluso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante sus recientes visitas al estado, pero ninguna instancia les ha dado solución. Héctor Cabrera Ceballos, exdirector del plantel Baca, comentó: “Con orgullo podemos afirmar que, a pesar de todas las maniobras desplegadas por el director general, que hasta el día de hoy no nos ha dado la cara, la autoridad federal avaló nuestra capacidad para ejercer por lo menos durante cuatro años más el ejercicio de la función directiva en nuestros planteles”. Villamil informó que, como parte del proceso laboral, la mayoría de los directores despedidos ya tuvo dos audiencias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la tercera ya está próxima y en breve comenzará a correr el primer año de salarios caídos, “sin que Marco Pasos Tec asuma su responsabilidad en esta situación que él provocó”. Ambos, Villamil y Cabrera, aseguraron que el problema no es político ni de partidos, sino de derecho laboral, y lo que buscan es “que el gobierno cumpla con la ley, ni más ni menos”.