COLIMA, Col. (apro).- Un citatorio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a un grupo de trabajadores de la Universidad de Colima (Ucol), para requerirles el pago de un faltante del Impuesto Sobre la Renta (ISR), podría dejar al descubierto un presunto manejo irregular de recursos fiscales multimillonarios por parte de las autoridades de esa institución educativa. A partir de mayo de 2014, el rector, José Eduardo Hernández Nava, dispuso la creación del fondo de Aportación Para Prestaciones Sociales (APPS), alimentado con alrededor de la mitad de los recursos retenidos por concepto de ISR a cada trabajador, con la consecuente reducción del monto de impuestos trasladado al SAT. Como resultado de este movimiento, del que no hubo ningún aviso ni explicación a la planta laboral universitaria, los trabajadores de pronto vieron en su recibo de nómina una nueva deducción con las siglas APPS, de las que incluso desconocían el significado y cuyo manejo no ha sido clarificado hasta la fecha, pero las inquietudes no pasaron a mayores porque el sueldo neto seguía siendo el mismo. A finales de mayo pasado, sin embargo, la oficina local del SAT convocó a una veintena de los académicos de mayor nivel salarial en la Ucol, entre ellos el doctor Carlos Moisés Hernández Suárez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias, a quien el día 27 le fue notificado un adeudo de 107 mil pesos de ISR tan sólo del año 2018, precisamente una cantidad similar a la suma de las deducciones que por concepto de APPS le fueron realizadas a lo largo de ese periodo. En entrevista, Hernández Suárez comenta que el SAT convocó para tres días después a una representación de la Universidad de Colima para que explicara los criterios, las razones y los fundamentos legales para dejar de gravar la totalidad de los ingresos de los trabajadores citados. Además del personal del SAT y de la oficina del abogado general y de administración de la casa de estudios, en la reunión estuvieron presentes Carlos Moisés Hernández y otro de los profesores requeridos. Hernández narra que, durante el encuentro, finalizado “muy rápido”, los empleados del SAT solicitaron a los enviados de la Ucol explicar las razones por las que la institución no gravó todos los ingresos, ante lo que estos últimos se refirieron a la creación de la APPS y argumentaron que las prestaciones sociales no son gravables. Como respuesta, los representantes del SAT adujeron que ese rubro no cumple los requisitos legales para ser considerado una prestación social y plantearon la necesidad de que la institución educativa presente mejores fundamentos, por lo que “no hubo ningún avance, el acuerdo fue que la universidad entregaría su argumentación por escrito, pero ya no he tenido más noticias de lo que ha pasado”. En esa reunión, Carlos Moisés Hernández pidió la palabra para decir lo siguiente a la autoridad hacendaria:

“Ustedes saben perfectamente bien que el dinero que mi patrón dejó de pagarles no me lo dieron a mí ni a ningún trabajador. Ese dinero la institución se debió haber quedado con él, porque si no lo tiene el SAT y no lo tengo yo, quién más lo tiene. Sí es cierto, conforme a la ley yo soy el deudor, yo soy el responsable último, pero también quiero que el SAT sepa que el obligado solidario se quedó con esa lana”.

El académico comenta que el caso de él y de sus compañeros requeridos por el fisco es sólo una muestra de la situación en que se encuentran los más de tres mil empleados de la Universidad de Colima, pues “así sea el funcionario del mayor nivel o el más humilde de los trabajadores, todos más o menos debemos impuestos y por reglamento el SAT va a revisar cuatro o cinco años atrás, ese es el tamaño de la deuda”. En su caso particular, Hernández Suárez calcula que le debe alrededor de 400 mil pesos al SAT, que es el equivalente a las deducciones que se le han hecho por el APPS sin reportarlo al fisco, y recomienda a todos los trabajadores universitarios sumar esas deducciones en todos sus recibos para darse cuenta de la cantidad que podría requerirles el SAT. El APPS, sin fundamento legal Para ponerse al corriente en sus impuestos, planea pedir a la Ucol que le regrese todo lo que le ha deducido por APPS, porque “tengo alguien que me lo está cobrando; la estrategia es demandar al patrón por la retención del APPS, que no sé de dónde salió, no tiene ningún fundamento legal”. Moisés Hernández dice esperar que el SAT requiera el pago a todos los trabajadores universitarios, porque “si me va a cobrar a mí y a los demás no, no voy a permitir que eso pase, porque entonces me estaría tratando como un caso especial a mí y a otras personas y eso sería terrorismo fiscal, sería una discriminación increíble; sabemos que el SAT no va a hacer eso”. A través de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad de Colima, el reportero pidió una entrevista sobre este tema con el funcionario que designara la Rectoría para ello, pero la respuesta no sólo fue negativa, sino que incluyó también la propuesta de solicitar la información vía Ley de Transparencia. Leonardo César Gutiérrez Chávez, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) está convencido de que a través del concepto APPS las autoridades universitarias realizaron una estafa en contra de los trabajadores de la institución que “tarde o temprano va a salir a flote”. El exlíder sindical calcula que desde la creación de este fondo hasta la fecha, las autoridades de la Ucol se han quedado con alrededor de 350 millones de pesos, cuyo destino se desconoce, mientras que a los trabajadores ni siquiera se les consultó ni informó de las implicaciones de la deducción APPS. Ante una solicitud de información de Gutiérrez Chávez vía Ley de Transparencia, la Ucol le respondió por escrito el 22 de noviembre de 2016 que “El APPS es un plan complementario de previsión social, que tiene como finalidad mejorar las condiciones de los universitarios”, instrumentado con base en las facultades conferidas al rector en el artículo 27 de la Ley Orgánica, en el marco de la legislación fiscal vigente. De acuerdo con la respuesta de la Rectoría, la finalidad de ese plan es “el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la de su familia, así como prever contingencias presentes y/o futuras; actualmente el plan complementario de previsión social permite otorgar a los trabajadores universitarios un seguro de vida por $ 300,000.00”. No obstante, Leonardo Gutiérrez afirma que hay casos de jubilados que han fallecido y sus familiares han ido a tratar de cobrar ese beneficio, pero se les ha negado con el argumento de que es sólo para trabajadores en activo, a pesar de que en su vida laboral todavía alcanzaron a aportar a ese fondo, “yo creo que la previsión social tiene que ser para todos los trabajadores, en activo o jubilados; desde mi punto de vista hay una estafa de parte de las autoridades universitarias, hay un desvío”. Refiere que después de la creación del APPS empezó a llegar a los trabajadores cada año en el mes de abril un monto equivalente a 10% de lo aportado, aunque no se especifica con claridad la procedencia de ese dinero, pero “tendríamos que preguntarnos dónde queda el restante 90%”. Ejemplifica que hay casos de trabajadores en los que la deducción por APPS llega a ser hasta de 110 mil pesos al año, y que desde la existencia de ese fondo ya aportaron más de 500 mil pesos, cifra que supera por mucho el seguro de vida de 300 mil pesos que se les ofrece. Gutiérrez Chávez se muestra extrañado de que el SAT no se haya dado cuenta antes de la irregularidad que estaba ocurriendo desde hace varios años en el manejo fiscal de la Universidad de Colima, aunque estima que ahora que se están tomando cartas en este asunto pueden venir problemas muy serios para las autoridades universitarias. El Fosap, otro problema

“Es un asunto muy grave —dijo—, está demostrado que hay irregularidades, esto es muy similar a lo que ha pasado con el manejo del Fosap, por el que hemos interpuesto denuncias en muchas instancias y no han avanzado, esperamos que ahora esta nueva administración federal investigue a fondo lo que ocurre en la Universidad de Colima y se combata la corrupción”.

Tras encabezar un movimiento por la transparencia del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) de la Ucol —donde también se han denunciado malos manejos—, en 2014 Gutiérrez Chávez fue destituido de la secretaría general del SUTUC y posteriormente fue despedido de la institución educativa junto con ocho académicos más, por lo que actualmente tienen interpuestas demandas laborales en busca de su reinstalación. Ricardo Antonio Navarro Polanco, profesor investigador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas (CUIB), cuestiona la falta de transparencia por parte de las autoridades universitarias en el caso APPS.

“Para que haya ocurrido algo como esto, para que hayan dejado de pagar a Hacienda los impuestos de los trabajadores, debieron de habernos informado a todos, hacer reuniones, explicar y fundamentar todo esto y que los trabajadores por lo menos hubiesen dicho ‘sí, nos parece bien, vamos a hacerlo’, pero no lo hicieron, fue una decisión cupular”.

Navarro, quien en el rectorado anterior fue coordinador general de Investigación Científica de la Ucol, considera igualmente grave el hecho de que el SAT va a cobrarles a los trabajadores porque “somos los que le debemos”. Así también, hace notar que “ese fondo se creó con impuestos que debieron devolverse al trabajador. Esos conceptos no son gravables, entonces ese dinero es del trabajador, pero no nos lo devolvieron. Crearon ese fondo APPS, pero cuando tú vas a ver al contrato colectivo, no aparece ese rubro como una deducción, o sea que en pocas palabras aparentemente es ilegal, y tampoco el sindicato ha dicho nada en ese sentido; son cosas muy graves que por lo menos deberían la autoridad universitaria y el sindicato estar aclarando plenamente con todos los trabajadores universitarios y no lo han hecho”. —¿Podría presumirse un mal manejo de recursos con ese asunto? —Da para mucho, si queremos ser suspicaces uno pensaría que hay algo ahí. Este fondo no es pequeño, es mucho dinero el que cada quincena se le está metiendo. Y al menos yo y gente cercana que conozco no sabemos cómo se maneja, para qué utilizan ese dinero, a dónde van los intereses, si lo tienen en una cuenta bancaria, cómo ha ido creciendo, en qué nos va a beneficiar. No sabemos cómo lo utilizan.

“La verdad —estima Navarro Polanco— es que algo va a ocurrir. Lo más preocupante es la falta de claridad en esto. El que nada debe, nada teme, ya deberían salir a decir: ‘señores aquí pasó esto, tenemos la razón’, pero no, es simple y sencillamente no decir nada. Y estamos viendo que se nos viene un problema muy serio para los trabajadores universitarios”.

Leonardo Gutiérrez comenta que si se revisa con seriedad el manejo de los recursos en la Universidad de Colima “tendrán que salir muchas cosas; casi estoy seguro que el Centro de Inteligencia Financiera debe estar revisando el patrimonio del rector actual y los exrectores, porque están supermillonarios, hay un gran enriquecimiento inexplicable, que sí es explicable, porque desviaron el dinero para su beneficio”. Considera que después de las investigaciones que se realizan en la Universidad de Hidalgo, la de Colima tendría que ser la siguiente, así como la Universidad de Guadalajara y otras universidades porque “en todas hay la crítica y los datos suficientes de que se han hecho grupos mafiosos, que se han beneficiado abusando de los trabajadores y de los estudiantes con el escudo de la famosa autonomía”.