ENSENADA, B.C. (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CCJN) invalidó un decreto del Poder Legislativo de Baja California que cedía al municipio de Playas de Rosarito 16 mil 800 hectáreas que originalmente forman parte del territorio de Ensenada. Los ministros tardaron casi tres años en resolver la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Ensenada, para dejar sin validez el dictamen 137 del Congreso local, con fecha 28 de septiembre de 2016. Con la sentencia, el conflicto territorial, que tiene 18 años vigente, regresará al Congreso local, y la legislación que entra en funciones el 1 de agosto será la que resuelva el problema, creando el Estatuto Territorial para establecer los límites territoriales de los cinco municipios de Baja California, orden que ya emitió la SCJN en enero de este año. El veredicto unánime, emitido el miércoles 26, también invalidó el Decreto 684 que dio origen al dictamen legislativo, el cual determinó dar a Playas de Rosarito, “en forma definitiva e inatacable”, la superficie que ambos municipios disputan desde 2009. Ese decreto se aprobó de manera unánime con los votos de los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso: José Roberto Dávalos (PRD), Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (PES), Felipe de Jesús Mayoral Mayoral (PBC), Miriam Josefina Ayón Castro (PRI), Rafael Flores García (PRI) y Cuauhtémoc Cardona Benavides (PAN). La resolución del Congreso, en el contexto de una controversia territorial, originó que el gobierno municipal de Ensenada solicitara el juicio en la Suprema Corte, en octubre de 2016. Para ello contrató a un consorcio de abogados que presuntamente encabezó Genaro Góngora Pimentel, exministro de la SCJN. Así, el 28 de noviembre de 2016 el máximo tribunal del país determinó la suspensión temporal de todo acto jurídico tendiente a cumplir con lo resuelto en el Dictamen 137 del Poder Legislativo de Baja California. Meses después, en una investigación de la Auditoría Superior del estado, se documentó el desvío de 12 millones de pesos del gobierno municipal que presidió Gilberto Hirata Chico, para pagar al despacho Menchaca, Pérez y Asociados por la representación jurídica del juicio de controversia. El dinero se tomó de un crédito bancario con la institución Bansi, por 660 millones de pesos, para ejecutar obra pública en Ensenada. El escándalo provocó que el ayuntamiento cancelara el contrato y asignara el seguimiento del juicio a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos. Hoy, al conocer la sentencia, el alcalde Marco Antonio Novelo Osuna celebró la estrategia seguida por su gobierno a través del director de Asuntos Jurídicos, Tomás Burns. “La estrategia era legal, no de protagonismos”, dijo. El conflicto territorial entre ambos municipios inició en 2001, cuando el ayuntamiento de Playas de Rosarito demandó al Congreso de Baja California aplicar el estatuto constitucional que fijó en 1995 los límites de ambos municipios. Ensenada denunció que ese estatuto, origen del municipio de Playas de Rosarito que hasta entonces era delegación municipal de Tijuana, entregaba ilegalmente casi 180 kilómetros cuadrados de territorio que histórica y legalmente pertenece al municipio, el cual posee 52 mil 482.40 kilómetros cuadrados, por lo que es el más grande del país. La franja en disputa genera impuestos y derechos por más de 25 millones de pesos anuales para el gobierno de Ensenada, además de incluir un área habitacional –los poblados La Misión y Santa Anita-- que se ha dividido por la dotación de servicios públicos que ofrecen al mismo tiempo los dos ayuntamientos.