COLIMA, Col. (apro).- Por insuficiencia en el presupuesto no se ha concluido la construcción y puesta en marcha del Sistema Anticorrupción del estado de Colima, pese a que la ley en la materia fue aprobada desde hace dos años, denunció el presidente del Comité de Participación Ciudadana de ese sistema, Carlos Maldonado Villaverde. Por tal motivo, ese organismo --integrado además por Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Juan Carlos Alcántar Pérez y Carlos Garibay Paniagua-- anunció su determinación de “cancelar las acciones tendientes a la construcción y funcionamiento del sistema, en tanto no existan las condiciones para seguir trabajando, suspendiendo nuestra participación en las tareas relacionadas con dicha responsabilidad”. En un pronunciamiento, los integrantes del Comité expusieron que “no hay voluntad política manifiesta” del Poder Ejecutivo, ya que por dos años consecutivos ha enviado al Congreso local un presupuesto insuficiente para cubrir las obligaciones que el sistema debe cumplir. “Por dos años también, el gobernador de Colima (José Ignacio Peralta Sánchez) ha empeñado su palabra de que haría las ampliaciones presupuestales suficientes para que el sistema operara con eficiencia. Por dos años ha incumplido”, añadieron. En entrevista, Maldonado Villaverde refirió que a pesar de que se proyectó la necesidad de un presupuesto anual cercano a ocho millones de pesos para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del estado en 2018, el Poder Ejecutivo únicamente envió al Congreso una propuesta de 2.6 millones, con el argumento de que ha tenido afectaciones en las participaciones federales. Luego de una serie de negociaciones con el gobernador y los secretarios de Gobierno y de Finanzas, los miembros del Comité obtuvieron el compromiso de que se realizaría una ampliación a 5.5 millones, pero ese año únicamente recibieron 1 millón de pesos en total. Maldonado señaló que para 2019 el Ejecutivo se comprometió a destinar un tope de 7 millones 823 mil pesos, pero nuevamente la propuesta enviada fue de 2.6 millones de pesos. El titular del Comité de Participación Ciudadana advirtió que ante estas circunstancias la autonomía del Sistema Anticorrupción de Colima “está cuestionada, porque no puedes ser autónomo si tienes insuficiencia presupuestaria, si tienes que ir a suplicar que te proporcionen recursos para poder cumplir con las responsabilidades que te marca la ley”. Tras manifestar que el presupuesto asignado al Sistema Anticorrupción de Colima es el más bajo del país, recalcó: “No se trata de pedir un favor, ni voluntad política ni ninguna de esas cosas. Lo que queremos es que quede plasmada en la ley la autonomía presupuestaria y, desde luego, que este año, de manera obligada por las circunstancias, la ampliación se haga por escrito, no que tengamos que ir cada mes a hacer antesala por horas o días a la Secretaría de Finanzas para poder lograr ese compromiso de recursos”. Mencionó que a consecuencia de esa situación existe retraso en la contratación de personal, lo que va a generar un tremendo retraso en la conformación del sistema, pues se necesitan al menos 25 personas para cubrir diferentes áreas y tareas, además de que se requiere equipo y demás infraestructura para poner en funcionamiento el Sistema. “Al no poder hacer su trabajo el Sistema, puede generar un desánimo social, pero no hay que olvidar que lo que está en la mesa del debate no es el dinero, es la autonomía”. En la actualidad, abundó, hay profesionistas que apoyan algunos trabajos sin cobrar, además de que la encuestadora local Proyecta regaló una encuesta para desarrollar una métrica de la corrupción en el estado. Aclaró que, si bien no se están realizado algunas tareas que requieren recursos, como Comité sí están trabajando en la generación de políticas estatales anticorrupción, con una propuesta para integrarla como addendum en el actual Plan Estatal de Desarrollo, para no esperar a finales de 2021, cuando entre el nuevo gobierno. —¿Hay desinterés del gobierno estatal por el combate a la corrupción? —Creo que sí hay interés, pero dentro de ese interés las prioridades que ha tomado han sido diferentes de las que esperaríamos, no identificando el hecho de que por la coladera de la corrupción se van cientos de veces más millones de pesos que los que se pueden gastar en el sistema. Probablemente sí hay interés, pero el combate a la corrupción no está considerado entre las prioridades. Si faltan recursos, lo ponen en último lugar. Maldonado Villaverde mencionó que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el lugar 135 entre todos los países en materia de corrupción, y que 10% del PIB “se va en la coladera de la coladera de la corrupción, por lo que tendríamos que decir que Colima, que tiene un Producto Interno Bruto de 6 mil 500 millones de dólares, debe estar perdiendo 650 millones de dólares al año en corrupción, y esto impacta en todos los sectores, no sólo en el erario”. Concluyó: “Es un problema que nos afecta a todos, y estamos viviendo en Colima un agujero tremendo para las finanzas públicas, para las finanzas privadas y para el desarrollo socioeconómico del estado”.