COLIMA, Col. (apro).– Diecinueve años después de la quiebra de la Caja Popular del Pacífico, ahorradores defraudados por el empresario José Ocampo Verdugo salieron nuevamente a las calles para reclamar el pago de los recursos que aún se les adeudan, mediante la entrega de las propiedades confiscadas por el gobierno federal.

Desde el año 2000, Ocampo fue detenido bajo el cargo de lavado de dinero y sus bienes fueron incautados, por lo que los ahorradores promovieron un juicio para que se garantizara la devolución de su dinero.

El abogado Agustín Díaz Torrejón, representante legal de la Asociación de Ahorradores Defraudados de JOV A.C., informó que desde 2014 un juez dictó sentencia dentro del juicio 609/2001-C, mediante la cual determinó que los bienes son propiedad de los 3 mil 800 ahorradores que presentaron demanda contra José Ocampo, luego de que éste aceptó entregárselos como dación en pago para repararles el daño económico.

De acuerdo con la sentencia, refirió Díaz Torrejón, se trata de 50 bienes inmuebles ubicados en territorio del estado de Colima, cuyo valor total es calculado en aproximadamente 250 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de la sentencia emitida hace cinco años, las propiedades no han sido entregadas a la Organización Interventora para Coadyuvar en el Pago a los Ahorradores de la Cooperativa Caja Popular del Pacífico S.C.L., creada por el gobierno del estado para la escrituración y venta de los bienes.

El abogado señaló que a pesar de que las propiedades ya están escrituradas a nombre del organismo, éste de manera indebida no ha cumplido con su responsabilidad de ponerlas a la venta y entregar los recursos a los ahorradores.

Atribuyó esta omisión a diversas posibilidades, entre ellas “negligencia, responsabilidad o intereses económicos, pero esto va a salir y tendrán que indemnizar a la gente por todo este tiempo que la han hecho esperar y se han visto disminuidos sus ahorros”.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, un centenar de ahorradores trató de tomar posesión este jueves de un edificio de dos plantas ubicado en la calle Allende 236, casi esquina con Emilio Carranza, donde funcionaba la empresa Aires Acondicionados JOV S.A. de C.V. y donde aún funciona la Operadora Minera JOV, S.A. de C.V.

No obstante, encontraron el inmueble cerrado y en el lugar se presentó Claudia Margarita Fonseca Vázquez, quien se ostentó como administradora representante del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pero no presentó identificación oficial ni nombramiento que la acreditara como tal y tampoco informó a los deudores el nombre de la empresa que actualmente funciona en ese edificio.

Después de ser contactado telefónicamente con uno de los superiores, el abogado Díaz Torrejón comentó que los ahorradores regresarán el próximo sábado para verificar la documentación de la situación jurídica del inmueble.

Advirtió que, a pesar de que ya pertenecen a los ahorradores, muchos de los bienes siguen siendo usufructuados por diversas empresas, sin que los beneficios se entreguen a sus propietarios.