OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca calificó de “deficiente y negligente” la investigación de la Fiscalía General del estado (FGE), por no tipificar como feminicidios, dentro de un contexto de violencia política, los crímenes de la candidata a concejal Pamela Itzamara Terán Pineda y de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, perpetrados el 2 de junio de 2018 en Juchitán. En su resolución del pasado 31 de mayo, el TSJ exhortó al fiscal Rubén Vasconcelos Méndez para que capacite en materia de derechos humanos y perspectiva de género al personal encargado de la investigación de hechos delictivos, “atendiendo el gran número de delitos que son cometidos en agravio de las mujeres y los índices de impunidad en relación con este rubro”. De igual manera, sugirió “de manera respetuosa” a Vasconcelos Méndez “que tome las medidas administrativas y penales necesarias en contra de los agentes del Ministerio Público que iniciaron la carpeta de investigación, que derivó en no acreditar el hecho que realmente sucedió y que impactó en una distinta calificación jurídica de la que debió ser”. La periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, consideró que la reciente resolución emitida por el TSJ es una muestra de lo que ella ha planteado desde el principio en torno de la investigación realizada por la Fiscalía General del estado (FGE) y que, subrayó, se efectuó sin perspectiva de género. Por lo tanto, abundó, los asesinatos de Pamela Itzamaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín no fueron considerados como feminicidios y tampoco dentro de un contexto de violencia política. Jarquín Edgar se quejó de que el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez hizo caso omiso a los señalamientos que hicieron ella y organizaciones feministas y de periodistas, “por el contrario, en mi caso he recibido descalificaciones por parte de Vasconcelos Méndez”, recalcó. “Estamos frente a hechos de dilación de la impartición de justicia, porque a un año del triple asesinato sólo una persona se encuentra vinculada a proceso, lo que ocurrió el pasado 2 de junio, en tanto que una persona más no fue vinculada, hecho que revela --como dice el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca-- una “deficiente y negligente investigación” sobre lo ocurrido, apuntó. Prosiguió: “Todas estas omisiones, sin duda perversas, dan como resultado la violación a los derechos fundamentales de las víctimas por parte de la Fiscalía”. De igual manera, recordó que la FGE, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, no ha vinculado la carpeta de investigación por probable delito electoral de los hermanos Montero López que, según la fiscal especializada, Araceli Pinelo López, quedó concluida desde agosto pasado. Señaló que con argumentos claros y con base en la normatividad nacional e internacional, el TSJ explicó que la FGE no realizó su trabajo como correspondía, y hasta hoy deja en la impunidad el feminicidio de María del Sol, a quien el extitular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos), Francisco Montero López, obligó a viajar a Juchitán para apoyar con su trabajo profesional, como fotógrafa, la campaña política del hermano de éste, Hageo Montero López, entonces candidato del PRI-PVEM-Panal a la alcaldía, es decir, usando recursos públicos, penado por la ley. “Al igual que el Tribunal de Oaxaca, hemos planteado que en ese contexto el crimen de la concejala con licencia e integrante, en segunda posición, de la plantilla del entonces candidato Montero López, así como el de mi hija, deben ser considerados como feminicidios en un contexto de violencia política de género que puede catalogarse como un feminicidio por desprecio u odio hacia esas víctimas, contempladas así en el artículo 411 fracción VII… del Código Penal del Estado, y no sólo acreditar un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, como al final de cuentas ocurrió”, soltó la periodista Soledad Jarquín Edgar. Y denunció que después de la protesta en la capital oaxaqueña para exigir justicia para María del Sol Cruz Jarquín, el pasado sábado 1, junto con organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos, ha sido objeto de ataques del fiscal general de Justicia, Vasconcelos Méndez. También dijo que es ampliamente conocido que desde la FGE se utilizan “boots” para desacreditar toda acción de protesta, exigencia o demanda de justicia por parte de las familias o de organizaciones no gubernamentales, frente a los nulos resultados, y eso ha hecho la instancia gubernamental, poniendo en riesgo su vida, por lo que responsabilizó al gobierno de Oaxaca por lo que pueda ocurrirle a ella, a su familia y a las personas cercanas.