COLIMA, Col. (apro).- La fracciones de Morena, Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local rechazaron el veto del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al decreto 79, que contempla modificaciones a la Ley de Movilidad Sustentable, con el argumento de que fue realizado fuera del plazo legal establecido. La reforma legislativa establece el descuento universal para estudiantes de todos los niveles en el transporte público y quita a la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) el monopolio de ese beneficio, que hasta ahora sólo ha sido válido para los afiliados a esa organización, a quienes vende la credencial en 80 pesos. La aprobación de esa modificación legal se realizó el pasado 16 de mayo, en medio de protestas de transportistas y militantes de la FEC, los cuales en esa ocasión irrumpieron por la fuerza en el salón del pleno y provocaron la interrupción de la sesión, cuya última parte se realizó de manera privada en una sala alterna. El pasado miércoles 5, a través de un video, el gobernador anunció su intención de vetar “parcialmente” el decreto, pues si bien se manifestó a favor del descuento universal, consideró que debe hacerse una consulta con todos los sectores involucrados y realizar un análisis sobre los mecanismos para subsidiar el servicio. La presidenta de la mesa directiva, la morenista Blanca Livier Rodríguez Osorio, informó en rueda de prensa, este viernes, que el veto del gobernador fue realizado a destiempo, pues el decreto correspondiente fue remitido por oficio número DPL/0457/2019 al Poder Ejecutivo el pasado 22 de mayo, por lo que éste tenía hasta el 1 de junio siguiente para realizar observaciones, según el plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 41 de la Constitución local, vinculado a los artículos 32 y 39. Acompañaron a la legisladora los diputados morenistas Vladimir Parra Barragán, Araceli García Muro y Arturo García Arias; los panistas Francisco Javier Rodríguez García y Luis Fernando Antero Valle; Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano; Rosalba Farías Larios, del Panal, y Claudia Aguirre Luna, independiente. Rodríguez Osorio explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se consideran días hábiles todos los comprendidos dentro de cada uno de los períodos ordinarios, incluidos sábados y domingos. Manifestó que a la fecha el Decreto 79 ya debería haber sido publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, pues conforme al mismo artículo, al concluir el plazo para realizar observaciones, el jefe del Ejecutivo cuenta con un plazo adicional de cinco días hábiles para la publicación, que venció el 6 de junio. El diputado Vladimir Parra, presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso, señaló que un caso similar a éste ya fue abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la controversia constitucional 8/2000 presentada por el gobernador del Estado de México contra el Congreso de esa entidad, y el máximo órgano judicial dio la razón al Poder Legislativo al validar la disposición de que en el ámbito parlamentario todos los días de un periodo de sesiones son considerados hábiles. A juicio de Parra Barragán, al haber sido aprobada la sentencia por ocho votos de los ministros, genera jurisprudencia y el criterio debe ser respetado, aunque “si el gobernador no está de acuerdo puede presentar una controversia constitucional”, señaló. “Lo que estamos planteando –dijo-- es que se respete el ejercicio legislativo, el orden constitucional, la voluntad de la gente y el sentir de la opinión pública. No estamos de acuerdo en que se sigan privilegiando algunos intereses, que se siga protegiendo al viejo régimen”. Tras celebrar que el gobernador se sumara a la instauración del descuento universal para estudiantes, el diputado hizo un llamado al diálogo con la posibilidad de enriquecer la ley con las observaciones del Ejecutivo en otra iniciativa, “pero respetando los vientos de cambio y la voluntad de los diputados y diputadas”. Por su parte, el panista Francisco Rodríguez indicó que al no haberse recibido observaciones del gobernador dentro del plazo legal para hacerlo, ahora corresponde a la presidenta del Congreso emitir el acuerdo respectivo para que se publique la ley, que “en términos prácticos, una vez que se envíe el oficio, quedará promulgada”. Sostuvo que esa reforma legal “ya no tiene discusión al respecto”, aunque aceptó que todo proceso “no concluye, es dinámico, sin duda estaremos dispuestos a escuchar demandas de todos los sectores involucrados: transportistas, padres, estudiantes, porque esta ley debe ser perfectible y se tendrá que revisar”. No obstante, Rodríguez García se pronunció en el sentido de que la esencia de esa iniciativa aprobada en el Congreso “fue y debe ser un triunfo muy importante para las familias, pues se le quitaron partes discriminatorias de hacer el descuento sólo para unos estudiantes y para otros no; ya es una ley firme y legalmente establecida”. La diputada Remedios Olivera Orozco refirió que esta reforma pretendió lograr el beneficio para todas las familias colimenses, aunque “todo proceso legislativo es perfectible, y si el gobernador ha señalado algunas fallas de redacción se puede revisar, pero no es motivo de veto, el tema es más político que de correcciones, en ese sentido hubiera podido haber enviado una iniciativa nueva”. De igual manera, mencionó que en el estado hay una nueva etapa política, pero a algunos actores “les da trabajo reconocer que estamos viviendo nuevos tiempos”, por lo que reiteró su posición a favor de la reforma en los términos como se emitió y “vamos a defender esta ley con todo porque estamos seguros que beneficia a las familias colimenses”. Concluyó: “Si el gobernador está abierto al diálogo, podemos llegar en una mesa de respeto a acuerdos que puedan beneficiar a todas las partes, pero no vamos a ceder cuando se trate de posiciones caprichosas que quieran dar reversa a los nuevos tiempos que estamos viviendo los colimenses”.