XALAPA, Ver. (apro).- Colectivos de mujeres en Veracruz exigieron al Congreso local que contemple la posibilidad legal del aborto, así como los cumplimientos tácitos de la segunda Alerta de Género en la entidad. Los grupos Católicas por el Derecho a Decidir A.C, Justicia, Derecho Humanos y Género, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar,  Colectivo Feminista de Xalapa, Colectivo Akelarre y la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lo expusieron así en un comunicado, después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso relacionado con el amparo indirecto 1191/2018, que cuestiona la omisión legislativa del Congreso local de reformar los artículos 149,150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz. “Dichos artículos contemplan el delito de aborto; en los términos en que fuera recomendado por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Agravio Comparado. “La decisión, dada a conocer el 19 de junio de 2019, evidencia la existencia de leyes y políticas públicas que discriminan y violentan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a los derechos sexuales y reproductivos, a la salud y la vida”, expresan los colectivos de mujeres. Los efectos de la atracción por parte de la SCJN implican la posibilidad de que resuelva sobre la existencia de un mandato expreso para que el Legislativo de Veracruz modifique marcos normativos que vulneran o restringen los derechos humanos de las mujeres, particularmente lo relacionado al aborto, así como la ampliación y modificación de causales de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como eliminar restricciones de tiempo (90 días) en los casos de violación. “Desde los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y de Miguel Ángel Yunes Linares, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciamos el grave contexto de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en el estado de Veracruz, por lo que hoy el estado tiene una deuda histórica con las mujeres veracruzanas. “A través de la atracción de la SCJN tendrán una posibilidad real de no ser criminalizadas y de ser tratadas como sujetas reales de derechos libres de discriminación”, expusieron. Los colectivos señalan que luego del incumplimiento de las recomendaciones de la primer Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Veracruz, el 5 de abril de 2016, diversas organizaciones solicitaron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Agravio Comparado, el cual representa el daño, menoscabo, no reconocimiento, impedimento de goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, a causa de la sola vigencia o aplicación de una norma o política pública que transgrede sus derechos humanos. “Ante el reiterado incumplimiento del Estado de Veracruz, el 13 de diciembre de 2017, la Segob decretó la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, ahora por Agravio Comparado, convirtiendo a Veracruz en el primer estado con dos Alertas de Violencia de Género”. A un año y medio de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, las autoridades ignoraron y minimizaron la problemática, lo que derivó en la atracción de la SCJN, por lo que nos encontramos ante un hecho histórico, en el que el máximo tribunal de nuestro país se encuentra con la posibilidad de ordenar se garantice la interrupción legal del embarazo en el estado, aseveraron. Los colectivos de mujeres exhortaron al gobierno federal y al de Veracruz al cumplimiento de la implementación de todas las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado. Asimismo demandaron cumplir con la recomendación del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia (Comité CEDAW) que establece la necesidad de “armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos”.