CUERNAVACA, Mor. (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se pronunció por que a la brevedad se reinicien las diligencias para concluir con los trabajos de exhumación de los cuerpos de las fosas irregulares del gobierno de Graco Ramírez ubicadas en el panteón municipal de Jojutla. De visita por Morelos para participar en un foro de derechos humanos para los niños y las niñas, el funcionario aseguró que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, está en condiciones para continuar el trabajo que se suspendió hace dos años, dado que no existía panteón ministerial que permitiera mantener los cuerpos y restos humanos dignamente, además de otras circunstancias. Se pronunció porque “cerremos el expediente, particularmente las de Jojutla, donde queda trabajo por hacer”. Dijo que “la Comisión Nacional de Búsqueda está en condiciones, ya, para que junto con la autoridad local y con las organizaciones que participaron en todo el proceso de investigación y de exhumación, tanto en Tetelcingo como en Jojutla, trabajemos de inmediato. Estamos ya en condiciones de hacerlo”. - ¿Cuánto tiempo se necesita para reiniciar? -Yo creo que debemos iniciar ya. Hay que reiniciar de inmediato. La diligencia llevará el tiempo que tenga que llevar, hasta que pueda decretarse que está cerrado ese expediente. El gobierno de Graco Ramírez decidió en 2014 abrir una serie de fosas en las poblaciones de Tetelcingo y Jojutla, para inhumar clandestinamente más de dos centenas de cuerpos sin que se hubiera practicado en ellos ningún protocolo de identificación, violando la ley. Algunos de los cuerpos no tenían carpeta de investigación, a otros más no se les había practicado la necropsia de ley, por sólo mencionar dos de las principales irregularidades. Colectivos de víctimas denunciaron que esta práctica significaba que el propio Estado tenía sus formas para desaparecer ciudadanos. A partir de 2016, cuando se abrieron las fosas de Tetelcingo, de los 119 cuerpos exhumados, al menos 10 han sido devueltos a sus familias, quienes los buscaban desde hacía cinco o seis años. Hasta el momento no existen más que dos funcionarios menores que están bajo investigación, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que aseguró, entre otras cosas, que existen 42 funcionarios o exfuncionarios que se vieron involucrados en todos los niveles de gobierno. El procurador a cargo de la inhumación clandestina fue Rodrigo Dorantes, quien actualmente es delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco.