ENSENADA, B.C. (Apro).- La reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, logró la madrugada de hoy los votos necesarios de los ayuntamientos del estado para avanzar hacia su publicación en el Periódico Oficial local. Así, la norma legislativa regresará esta misma semana al Congreso para ser dictaminada y se turnará al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien de acuerdo con el último párrafo del artículo 34 de la Constitución Política de Baja California, no está facultado para hacer observaciones, y por lo mismo negar o vetar la publicación de la reforma constitucional aprobada en los términos del artículo 112 de la misma ley suprema del estado, tal y como el mandatario lo anunció ayer. De acuerdo con abogados consultados por Proceso que pidieron anonimato, el artículo 112 ordena que la Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados, y por la mayoría de votos de los ayuntamientos. Pero aclaró que, en beneficio de la participación ciudadana, las reformas o adiciones efectuadas a la Constitución “podrán ser sometidas a referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca." Esa ley, precisaron los especialistas, es la de Participación Ciudadana de Baja California, que determina que el referéndum, proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a una acción de gobierno, en el caso aplica por tratarse de una reforma a la Constitución del estado que trasciende para la vida pública de la entidad. Así, de acuerdo con la Facción II del artículo 29 de la citada ley, el 1.5% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del estado, que representaría la cantidad mínima de 42 mil 166 personas –el listado es de dos millones 811 mil 75 individuos– pueden solicitar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral la realización de un Referéndum Constitucional Abrogatorio que tiene por objeto rechazar totalmente modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado. Y el artículo 30 de la norma legal determina que los ciudadanos que soliciten el referéndum constitucional se deben presentar ante el Instituto Electoral del estado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación en el Periódico Oficial de la norma que se pretenda someter a consulta, lo que podría suceder en la última semana de julio. De momento, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, gobernado por la panista Mirna Rincón Vargas, votó hoy en la madrugada a favor de la reforma, con lo que dio el aval definitivo a la reforma constitucional que se aprobó, por mayoría de 21 diputados de los 25 que hay en el congreso, el lunes 8 de julio. Ayer, los ayuntamientos de Ensenada y Mexicali sesionaron para votar la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución que elimina el periodo de dos años a la gubernatura, que se acordó de manera unánime en 2014, para la elección de este año. Ensenada aceptó y Mexicali rechazó la norma, pero Tecate y Playas de Rosarito definieron esta madrugada su voto. Ambos cabildos avalaron la modificación constitucional, logrando así el requisito constitucional de que al menos tres de los cinco gobiernos municipales acepten la trasformación legislativa para su publicación en el Periódico Oficial de Baja California. Ahora, sólo falta la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tijuana, pero su resultado es irrelevante pues no cambiará el destino de la reforma que impulsó, a nombre del partido Morena, el diputado Víctor Morán Hernández. Este legislador, que en diciembre del año pasado pidió licencia para ejercer el cargo de Coordinador de Secretarios Técnicos de las Mesas para la Construcción de la Paz en Baja California, por encargo del entonces superdelegado de Programas para el Bienestar Integral en el estado, Jaime Bonilla Valdez, logró su reelección como diputado estatal para el periodo 2019-2021. Regresó a su curul el 5 de julio para operar en el congreso, por segunda ocasión en 10 meses, la aprobación de la reforma que en septiembre de 2018 diseñaron los hermanos Salvador y Amador Rodríguez Lozano, éste último expolítico priista y virtual Secretario de Gobierno con Bonilla Valdez. La sesión del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, que fue definitiva para el avance de la norma que esta misma semana regresará al congreso para su dictaminación y envío al Ejecutivo para su publicación, fue secreta. La aprobación tuvo el voto a favor de la presidente municipal Mirna Rincón Vargas, el síndico procurador Miguel Ángel Vila Ruiz y cuatro regidores; con el único voto en contra de la regidora Belén del Carmen Abarca Mendoza. El regidor panista Ricardo Martínez Cabrales confirmó hoy en la mañana que la convocatoria a la sesión de Cabildo para desahogar el tema, citaba para este miércoles 10 de julio a las 8 de la mañana, pero vía correo electrónico se convocó a los ediles para la madrugada de hoy, por lo cual él no pudo asistir. Consideró lo hecho como “un madruguete del cabildo” y dijo que Mirna Rincón demostró incongruencia entre el decir y el actuar, ya que originalmente comentó que votaría en contra de la reforma. “Si yo hubiera asistido, mi voto habría sido en contra”, señaló. Finalmente, Javier Hernández Tovalín, coordinador de Movimiento Ciudadano en Rosarito, consideró “un acto de traición” lo hecho esta madrugada por el Cabildo de Rosarito, y sobre el próximo gobierno de Morena en Baja California dijo: “Si así van a empezar con irregularidades, qué se espera de ellos.”