CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la primera recomendación por “violaciones graves” al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por hechos ocurridos en el municipio de Temixco en noviembre de 2017, durante la gestión de Graco Ramírez. La recomendación 21VG/2019 está relacionada con hechos derivados de tres operativos policiacos que realizaron efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), entonces a cargo de Alberto Capella, y en los que fueron ejecutadas arbitrariamente seis personas, incluidos menores de edad: una bebé de dos meses y un niño de 13 años. Por las operaciones policiacas también resultaron lesionadas seis personas, tres de ellas menores de edad: de un año cuatro meses, dos años 11 meses y cinco años. De acuerdo con la investigación del organismo, se confirmó que personal de la CESP incurrió en el allanamiento de tres domicilios donde se encontraban las víctimas; detenciones arbitrarias en agravio de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza, con saldo de seis ejecuciones arbitrarias; trato cruel, inhumano y/o degradante; lesiones a seis personas; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y el montaje de una de las escenas de los abusos, entre ellos la colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una de las víctimas. La CNDH consideró que el gobierno estatal es responsable de la “implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, por dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y la Dirección General de Asuntos Internos de la CESP, por las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida conta los elementos que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017 en Temixco, Morelos”. De acuerdo con los reportes periodísticos de noviembre de 2017, la actuación policiaca se originó por una denuncia anónima sobre la existencia de una casa de seguridad, culminando con la detención de siete personas, entre ellas José Valdez Chapa, “El Señor de la V”, presunto líder del Cártel Sur en Morelos, quien días después fue liberado por un juez ante la falta de pruebas. Tras el operativo del 30 de noviembre, en puentes de la autopista del Sol aparecieron mantas en las que se señalaba a Capella como responsable de las ejecuciones arbitrarias y se ofrecían 100 mil pesos por cada uno de los elementos policiacos que participaron. El organismo consideró indispensable que la Fiscalía General del estado continúe sus investigaciones sobre la manipulación de los cadáveres de tres de las víctimas. Y entre las recomendaciones formuladas al gobernador de Morelos, pidió que se coordine con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que repare integralmente los daños a los familiares de las personas que fueron ejecutadas arbitrariamente, así como a las personas que fueron lesionadas, y de igual manera se considere la reparación integral para los dueños de los inmuebles allanados. También instruyó que los familiares de las víctimas mortales sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y su homóloga en el estado de Morelos. Al gobernador Cuauhtémoc Blanco, la CNDH pidió su colaboración en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos ante la Fiscalía estatal y la Unidad de Asuntos Internos de la CESP, “para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad”. La misma colaboración se solicitó para las indagatorias penales y, en el ámbito de la Unidad de Asuntos Internos, se inicien “contra el personal involucrado en la dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esta corporación policiaca que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”. En cuanto a las políticas públicas para “solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos”, la CNDH urgió a “fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justicia, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”. Al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, le pidió continuar con la integración de la investigación de los seis homicidios, “para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, y también deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso y contra el perito médico forense por imprecisiones en las necropsias a las seis personas privadas de la vida”.